El Ministerio del Interior ha limitado el acceso a la documentación sobre el contenido de las obras de modernización de las fronteras de Melilla y Ceuta con Marruecos ante la sospecha de que dicha información pueda ser utilizada por las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos para promover saltos a la valla. Según publicó ayer El Confidencial Digital, Interior aprobó sendas resoluciones, antes de que se empezaran a ejecutar los encargos suscritos entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Tragsa, en las que explicaba esta decisión. Dicho medio asegura que Ana Botella, la secretaria de Estado y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el ministerio, firma las resoluciones que bloquean la difusión de los datos que suele ofrecer la web de Contratación del Estado sobre contratos públicos.
La Secretaría de Estado de Seguridad, y concretamente su Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, considera que hay varios motivos que exigen que no estén al alcance de cualquiera los documentos de la licitación.
El más destacado es lo que la Secretaría de Estado de Seguridad define como “la probabilidad de que las redes criminales aprovechen la ejecución de las obras de refuerzo y modernización del perímetro fronterizo para facilitar entradas planificadas y organizadas”.
“Es decir, que Interior teme que si las mafias que llevan a inmigrantes irregulares hasta los alrededores de Ceuta y Melilla conocen con detalle las obras, aprovecharían para organizar saltos masivos en los lugares que puedan ofrecer más facilidades por los trabajos de cambio en los elementos de disuasión de las vallas, como pueden ser las concertinas”, publicó ayer El Confidencial Digital.
Orografía
También se apunta la orografía de los perímetros fronterizos y la existencia de puntos o zonas de mayor vulnerabilidad como motivos para limitar el acceso a la información técnica de las obras.
Además, se indica que dichos trabajos, que realizan operarios de Tragsa, deben ir acompañados de especiales medidas de seguridad, “máxime si atendemos al hecho de que se ejecutarán en la frontera de nuestro país, interés esencial de la seguridad del Estado”.
Hay que recordar que estas obras suponen diez meses de trabajo y una inversión de casi 18 millones de euros, según los datos de la parte del Plan de Refuerzo y Modernización del Sistema de Protección Fronteriza Terrestre (de 32 millones) que el Ministerio del Interior puso en marcha a finales de noviembre de 2019, por el que las concertinas van a ser sustituidas por otros elementos que obstaculicen el salto.
