Y ahora que la Justicia dice que no hay nada, ¿qué? Pues algo similar a lo que suele pasar cuando se demuestra que alguien que ha sido injustamente acusado es inocente: la imposibilidad de reparar el daño causado, que es mucho, además de injustificado, habida cuenta que, como dice el auto judicial, no hay nada irregular que lleve los hechos y las personas investigadas a juicio Seis años y medio han tenido que pasar para que la Justicia pase página a uno de los procesos judiciales, la Operación Ópera, que más ríos de tinta y rumores han desatado en la historia reciente de Melilla, si no el que más. Un procedimiento que al final ha sido archivado sin llegar siquiera a juicio, a pesar de los cientos de folios que abarcan el sumario y los cientos de documentos, archivos y ordenadores intervenidos en llamativos registros policiales en dependencias municipales. Y también a pesar de los incesantes dedos acusadores que en todo este tiempo han señalado desde los partidos de la oposición, actualmente en el Gobierno, a quienes antes estaban en los sillones que hoy ocupan.
Dedos acusadores de CpM y PSOE, fundamentalmente, apoyados por otros de algunos medios de comunicación, alguno ya desaparecido, que actuaron como un interesado altavoz para hacer un ruido mediático que fue desgastando al PP y minando su apoyo electoral. Cabe preguntarse si, de no haber sido por la mella que hicieron en el PP la Operación Ópera y la Operación Tosca, hoy ya archivadas, dicho partido seguiría gobernando en Melilla. Muy probablemente sí, teniendo en cuenta que el tripartito actual ha basado gran parte de sus críticas al PP en estos casos judiciales para sembrar la duda de la corrupción en su mayor adversario político.
Según el auto del Juzgado de Instrucción número 4, “no resulta acreditada la comisión de los hechos objeto de investigación penal en modo alguno, sin que pueda ser objeto del procedimiento penal con base al principio de intervención mínima una investigación para concretar la existencia de posibles irregularidades”. Y subraya algo que ya todos sabíamos, y es que las cuentas anuales de la Ciudad Autónoma, esas que fueron puestas en duda por la existencia de este procedimiento judicial, “han sido debidamente fiscalizadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas”.
También destaca otra apreciación de la juez, distinta a la que llevó este caso en un principio, y es que la fase de instrucción “ha superado con creces el plazo máximo de prórroga de la misma”. No hay que olvidar que el inicio de este caso se remonta a 2012. Han pasado, por lo tanto, ocho años. Demasiados, y una prueba más de que una Justicia lenta no es justa, aunque no sea culpa de quienes trabajan en ella, sino de quienes no les dan medios suficientes para que pueda hacer su trabajo de una forma más eficiente.
Y ahora que la Justicia dice que no hay nada, ¿qué? Pues algo similar a lo que suele pasar cuando se demuestra que alguien que ha sido injustamente acusado es inocente: la imposibilidad de reparar el daño causado, que es mucho, además de injustificado, habida cuenta que, como dice el auto judicial, no hay nada irregular que lleve los hechos y las personas investigadas a juicio. Un daño que han sufrido muchos funcionarios, además de cargos públicos, que un Estado de Derecho como el nuestro no se puede permitir.
