Los sindicatos médicos de Melilla y Ceuta, SMM y SMC, han denunciado públicamente la “discriminación” que, según afirman, sufren los facultativos de ambas ciudades respecto al resto del Estado por la penalización por exclusividad. En concreto, apuntan que el Ingesa, “lejos de fidelizar” a los médicos de Melilla y Ceuta, continúa discriminándolos en 2020 por la penalización que sufren aquellos que tienen actividad privada como complemento a la pública. Ello, a pesar de que quienes compatibilizan ambas “ejercen, en el sector público, la misma jornada laboral y prestan las mismas guardias que el resto, primando siempre la actividad pública sobre la privada”.
Sin embargo, ambos sindicatos aseguran que, a la hora de la remuneración, “son penalizados económicamente por no trabajar exclusivamente para el sector público, a pesar de que su desempeño profesional público es exactamente igual que el de otros profesionales”.
“Esto además de injusto, es absurdo, ya que, de los 17 sistemas autonómicos de salud restantes, solo dos mantienen esta anacrónica penalización, estando, además, en vías de extinción en ambos”. Por lo tanto, probablemente el Ingesa se convertirá en “el único ente sanitario que seguirá perjudicando objetivamente a sus trabajadores en el corto plazo”.
Estas organizaciones sindicales advierten, además, de que “es perjudicial para la asistencia sanitaria” porque muchos facultativos que complementan en el sector privado su labor pública se marchan de Melilla y Ceuta, para poder ejercer en la península en mejores condiciones laborales, ante la falta de incentivos que aquí sufren.
También consideran que es “irracional” lo que sucede porque “no solucionar el problema puede aumentar la presión asistencial sobre el sistema público al desincentivar que los facultativos que trabajan en ambos sistemas lo hagan en Ceuta o Melilla”.
El SMM y el SMC critican que el actual director general del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, ha tenido tiempo para resolver este problema, habida cuenta que a principios de 2018 se había llegado a un acuerdo con su antecesor, José Julián Díaz Melguizo, para que eso fuera posible antes de que acabara ese año o a principios de 2019, poniendo fin a “esta absurda lacra”.
“Jiménez Palacios, nos ha exigido mucho esfuerzo a los profesionales sanitarios en general, y a los facultativos en particular, pero, a cambio, no ha existido ninguna contrapartida por parte de la Administración, salvo las buenas palabras, siguiendo al pie de la letra el aforismo de ‘ni una mala palabra, ni una buena acción’. Esta actitud solo puede esconder desidia, indiferencia u hostilidad y, desde aquí le emplazamos a resolver este sinsentido lo antes posible. En caso contrario, utilizaremos todos los medios legales y sindicales que el Estado de Derecho nos brinda, para proteger, no sólo los derechos laborales de nuestros compañeros, sino la calidad asistencial de nuestros pacientes, fin último de nuestra organización”, advirtieron.
