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El vicepresidente de CSIF Educación, Sergio Ramírez
El vicepresidente de CSIF Educación, Sergio Ramírez

CSIF recuerda a Celaá que el pin parental no ocurriría si hubiese un Pacto por la Educación

El sindicato cree que la utilización de la Educación como herramienta política es “deleznable” y deja claro que en la escuela pública no se adoctrina a nadie

martes 21 de enero de 2020, 04:00h
El vicepresidente de CSIF Educación, Sergio Ramírez, explicó a este Diario que las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, son “totalmente desafortunadas” dejando claro que el asunto del pin parental no ocurriría si se tuviera un Pacto por la Educación que desde el sindicato llevan reclamando hace muchos años. Asimismo, cree que la utilización de la Educación como herramienta política es “deleznable” asegurando que en las escuelas públicas no se adoctrina a nadie.
El vicepresidente de CSIF Educación, Sergio Ramírez, puntualizó que la falta de acuerdo político en esta cuestión, “como en tantas otras, evidencia la politización de la educación y pone de manifiesto la necesidad de un Pacto por la Educación”.
“La utilización de la Educación como herramienta política es deleznable siempre”, dijo.

Además de que los currículos oficiales están acordes con los valores constitucionales y, por tanto, son de obligado cumplimiento.

El sindicato no está de acuerdo con la voluntariedad de una materia u otra por objeciones de conciencia. “Es como decir que unos padres pueden decidir que no se le enseñe la reproducción a su hijo”, sostuvo.

CSIF señala que el respeto a la diversidad es un valor constitucional y de derechos humanos, por tanto, “el respeto a los demás sin ninguna discriminación, bien sea como materia o como tema transversal, debe tratarse en el aula”.

Ramírez dejó claro que en la Educación Pública no se adoctrina a nadie y que el profesorado está sometido a las leyes como funcionarios y si alguno de ellos comete alguna incorrección en su tarea pedagógica, puede ser denunciado ante la inspección o incluso ante la Justicia.
“La diversidad del profesorado y el respeto de los Proyectos Educativos de los centros a la legalidad vigente es garantía suficiente para ello”, concluyó