El diputado del PP Manuel Ángel Quevedo señaló ayer que el dictamen del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca de la decisión del Gobierno local de paralizar los contratos públicos de mantenimiento y gestión del campo de golf de Melilla evidencia que fueron “actuaciones arbitrarias, no reflexionadas, autoritarias y erróneas”.
“Un caso más donde CPM y el presidente De Castro, con el brazo ejecutor del anterior consejero de Hacienda, se saltan la consulta y la opinión del área de Deportes, que era responsabilidad de Gloria Rojas”, señaló Quevedo. A su juicio, lo sucedido deja ver “el desprecio” de CPM, “con la connivencia de De Castro”, hacia las competencias que tenía atribuidas el PSOE, provocando “una situación desastrosa y saltándose la ley”. “El Tribunal dice que es una barbaridad lo que han hecho”, aseveró.
