Cristina Morales, representante de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Melilla, ha dejado claro que el pin parental vulnera el derecho de los niños y las niñas a recibir una educación integral y muestra su apoyo a la decisión del Gobierno de la Nación de acudir a los tribunales si en un mes el Ejecutivo murciano no ha dado marcha atrás en su decisión. “Cuando se pretende vetar la participación del profesorado en actividades complementarias que incluyen contenidos curriculares, se está produciendo un ataque a la profesionalidad y libertad de cátedra, una desconfianza hacia el trabajo diario de los docentes, una invasión de las competencias del centro educativo y, lo que es peor, una violación de los derechos del menor a recibir una educación integral”, recalca.
A juicio de la dirigente socialista, los padres tienen una gran responsabilidad como progenitores pero no el derecho a decidir qué va a ser de la vida de los hijos e hijas o qué tienen que pensar. “No es la libertad de los padres, sino la de los hijos, la que hay que asegurar. El Partido Popular está llevando el conflicto a las escuelas, a la vez que desprecia y desprestigia el sistema de enseñanza. El PP, fagocitado por la ultraderecha, se está convirtiendo en la marioneta de Vox”, destaca.
Morales recuerda que esta pretensión de la derecha y la ultraderecha ha generado una gran controversia y rechazo en la comunidad educativa. Asimismo, ha puesto el acento en que cualquier norma que recogiera esta censura previa vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Este veto, ha afirmado la representante del PSOE, colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI.
La normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes.
“El pin parental puede llevar a que unos padres machistas se nieguen a que se enseñe en el principio constitucional de la igualdad”, concluyó la dirigente del PSOE local.
