Ayer quedó visto para sentencia la vista judicial motivada por la denuncia de 30 profesores de religión católica e islámica de Melilla contra la decisión del Ministerio de Educación que en octubre llevó a cabo una reducción de su jornada laboral y el despido de tres docentes, en base a una sentencia del Supremo de 2010. Los afectados por estas medidas esperan que la justicia les dé la razón e incluso no descartan llevar a cabo movilizaciones. Según detalló a este Diario el profesor Alberto Vera, ayer se desarrollaron tres vistas relacionadas con las denuncias interpuestas por los profesores de religión de la ciudad contra el Ministerio de Educación. En la primera se vio el caso de un profesor que fue despedido; en la segunda, el caso de tres docentes que desde 2005 son personal público fijo; y en la tercera, el resto de compañeros con la categoría de personal laboral indefinido que se han visto afectados por la aplicación de la sentencia del Supremo de 2010 que les ha supuesto una reducción de la jornada laboral y de los emolumentos.
Desde su punto de vista el juicio, que ha quedado listo para sentencia, “se ha desarrollado más o menos como esperábamos”, en el sentido de que los abogados han expuesto sus consideraciones y el del Ministerio, las suyas. Por tanto, “nos queda esperar”, en especial cuando el Ceuta el caso se juzgó en noviembre y en Aragón en diciembre sin que se haya dictado aún sentencia. “No pensamos que nosotros nos vayamos a adelantar” a estas dos causas.
Apunta Vera que es la primera vez que asiste a un juicio y la percepción “no es ni buena ni mala, solo que la ley tiene matices y será el juez el que tenga que analizar toda la información que tiene antes de dar a conocer su sentencia, pero lo que esperamos es que se cumpla la ley y se respeten nuestros derechos”.
Según señala, el Ministerio no siguió con ellos lo que marca la legislación que señala que el recorte de la jornada laboral de un profesor “se tiene que hacer antes de que se inicie el curso” y a ellos se les comunicó el 20 de septiembre pero “sin notificarlo al comité de empresa y los sindicatos”. Además, no se cumplieron los 15 días de antelación que marca la ley, porque el 1 de octubre se hicieron efectivos los recortes y los despidos.
Se mostró convencido de que si este cúmulo de circunstancias se dieran en una empresa privada “le caería todo el peso de la ley” y se pregunta cómo ha podido pasar en el Ministerio de Educación, porque se está hablando de la administración central. Confían en que la resolución judicial pueda darles la razón y de ser así “tendríamos salvado este curso, pero nos preguntamos qué pasará en el siguiente”.
Explicó que los abogados que les representan han recurrido a dos vías, a la laboral y a la ordinaria, con lo que si la primera no prospera, acudirán a la segunda, aunque su conclusión se prolongará en el tiempo. “Vamos a esperar a que dicte sentencia el juez y en función de eso actuaremos, pero seguiremos haciendo ruido y tal vez con movilizaciones, con lo que haga falta, porque no estamos dispuestos a quedarnos quietos”, apostilló.
El apoyo de todos
Afirma este docente que los sindicatos se han posicionado al lado de los profesores afectados por esta medida ministerial “desde el principio”, así como las asociaciones de padres, y los partidos políticos con los que se han reunido en estos meses, incluyendo el PSOE. Lo que no entienden, es que ni la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ni el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, no hayan “tenido tiempo para recibirnos”, a pesar de las peticiones realizadas.
