Los gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla instan al Ministerio de Transporte a asumir los acuerdos de la cumbre sobre el Transporte y la Movilidad en los territorios extrapeninsulares celebrada en Las Palmas y crear una mesa de seguimiento. Al mismo tiempo reclaman que la bonificación del 75% sea hasta el fin de trayecto; fiscaliar los precios de las compañías aéreas para evitar incrementos “no justificados”; la compensación de los costes del transporte de mercancías para abastecimiento a las ciudades autónomas y ampliar la bonificación al transporte al vehículo embarcado como parte del equipaje. La declaración institucional con la que se ha cerrado la primera cumbre sobre el Transporte y la Movilidad en los territories extrapeninsulares, fue ratificada ayer por los presidentes y representantes de los gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y que se presentará al Ministerio de Transportes en un encuentro con su titular.
Preámbulo
El documento recoge en el preámbulo, que para estos territorios extrapeninsulares su lejanía con el resto del espacio europeo marca las singularidades de su sistema de transporte y su protagonismo socioeconómico. Recuerdan que los problemas que plantea la movilidad de personas y mercancías en estos territorios, “tienen consecuencias sociales y económicas que deben de ser tenidas en cuenta a la hora de definir políticas y propuestas que aseguren la conectividad de estos territorios con la península y el continente europeo”.
Recuerdan que los residents en estas comunidades y ciudades autónomas tienen derecho a la subvención del 75% de las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo y marítimo. Reconocen que es un “importante logro” que les garantiza “el derecho a viajar a un coste razonable” y que supone un “significativo esfuerzo financiero por parte del Gobierno de España, que debe ponerse en valor, ya que supone un importe de unos 600 millones de euros, que beneficia a más de 3,4 millones de habitantes de estos territorios, que representan un 7,4% de la población nacional”.
Una vez consolidado el hito del 75%, “es el momento de trabajar juntos, gobiernos autónomos y Estado, con el objetivo de definir los mecanismos que certifiquen la máxima eficiencia de los recursos públicos para, así, asegurar que se dirigen directa y exclusivamente a los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares”.
Los responsables de estos territorios entienden que los poderes públicos “no pueden desentenderse de garantizar la movilidad bajo unos estándares básicos de calidad y precio”, y defienden que la movilidad en estos territorios “requiere que se recoja la excepcionalidad de sus circunstancias y se determine un tratamiento diferenciado”.
Apostillan que es preciso garantizar a estos ciudadanos “la movilidad como un derecho básico y de ahí emana la necesidad de establecer medidas para impulsar una estrategia cuyo objetivo sea la determinación de un sistema sostenible, eficiente y eficaz que permita cohesión territorial y social, desarrollo económico y respeto por el medio ambiente”.
Acuerdos
Entrando en materia, los gobiernos de estas comunidades y ciudades autónomas, acuerdan trabajar en el establecimiento de medidas a fin de iniciar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente; y una unidad de acción, “por encima de intereses partidistas y de las relaciones bilaterales con el Gobierno del Estado, en la responsabilidad que tenemos como gobiernos de garantizar nuestra conectividad”.
Acuerdan colaborar con el Gobierno de España en la tramitación de la propuesta legislativa para elaborar una Ley Estatal de Movilidad Sostenible, que deberá contemplar las singularidades de estos territorios.
Instan al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a asumir los acuerdos de esta Cumbre en el sentido de crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares que haga el seguimiento y control de la movilidad y que pueda hacer propuestas para mejorarla.
También, establecer Obligaciones de Servicio Público para determinadas rutas con la península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas, refuerzos estacionales, etc. Reclamar el análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto en conexión con los territorios insulares y ciudades autónomas; independientemente del operador.
Además, fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan “incrementos no justificados”, e incluir en los Presupuestos Generales del Estado la exigencia de que la condición de residente se acredite a la finalización del proceso de compra de billetes y no al inicio.
El vehículo
Los firmantes de la declaración institucional acuerdan solicitar la participación en los órganos de decisión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para desarrollar una “gestión más efectiva y ajustada a su realidad social, económica y territorial”. También, proponer la reducción de las tasas aeroportuarias para “mejorar la conectividad”, y solicitar al Gobierno el seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por el Grupo IAG.
Además van a reclamar al Estado la compensación de los costes efectivos del transporte de mercancías para abastecimiento de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; ampliar la bonificación al transporte marítimo de pasajeros residentes al vehículo embarcado como “parte de su equipaje en los desplazamientos a la Península”, e implantar mecanismos que garanticen el adecuado traslado de mercancías peligrosas y residuos, así como la mejora de las ayudas que igualen el coste del transporte de las mismas al del resto de mercancías.
Además, van a requerir al Gobierno de la nación que inste a la Unión Europea a que las “ayudas al transporte, tengan o no la consideración de región ultraperiférica, no queden sujetas al régimen de mínimos”. Paralelamente, consideran “imprescindible que se articulen mecanismos que permitan paliar la excepcionalidad del hecho extrapeninsular en materia de transporte” como, por ejemplo el establecimiento de ayudas estatales y europeas al sector marítimo que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes y la reducción de tasas portuarias.
Melilla
Además de reflejar en el texto de la declaración que solicitarán al Ministerio de Transporte una reunión para dar a conocer las conclusiones de la Cumbre; se acuerda que esta reunion tenga carácer annual, que se lleve a cabo en la primera quincena de enero en sedes rotatorias y que la siguiente, la correspondiente a 2021 tenga Melilla como anfitriona.
