El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, asegura que es una prioridad para el Gobierno de Melilla lograr la legalización de las viviendas de la zona de la Cañada de Hidum, una vez que los terrenos son de propiedad municipal y se puede iniciar un proceso en consonancia con la normativa que permita a los vecinos adquirir la titularidad de sus viviendas. En declaraciones a la prensa, el consejero aseguró que es “un objetivo del Gobierno de la Ciudad”, que incluso viene recogido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Melilla, poder iniciar un proceso para la regularización de las viviendas de la Cañada de Hidum y Reina Regente, una vez que los terrenos son ya propiedad municipal tras la cesión que realizó el Ministerio de Defensa.
“Un Gobierno tiene que ser valiente y demostrarlo con la toma de decisiones y en ese sentido estamos dispuestos a valorar con los vecinos” un proceso de legalización aprovechando la revisión del PGOU y entiende que, si este asunto quedara fuera de este escenario, sería motivo para dimitir.
“Hay que ser valiente y plantear un proceso de regulación que vaya en consonancia con la normativa y con la aprobación del nuevo PGOU”, dijo. No pudo cuantificar el volumen de viviendas que se podrían ver afectadas, pero sí que se trata de un núcleo de población “importante, de entre veinte y veinticinco mil personas”.
Dijo que existe “una especie de plan parcial” que elaboró el Gobierno Imbroda, que recogía que, para poder regularizar las viviendas, la zona debería contar con espacios que permitiera el acceso de vehículos de protección oficial, policía, ambulancias y bomberos, pero que hay unas 40 viviendas que lo dificultan.
A estas edificaciones “hay que dar una solución habitacional y en eso estamos”. Reconoce el consejero que poner en marcha un proceso de regularización de las viviendas de Cañada y Reina Regente contará con “muchos vecinos a favor y otros no tanto, por lo que hay que conjugar esas sensibilidades”.
Defiende el consejero que la medida sería positiva para los vecinos, que podrían adquirir la titularidad de sus viviendas, que incluso podrían dejar como herencia y “saldrían ganando con los años”. Bussian indicó que los técnicos plantean incluso la posibilidad de “dar facilidades en el pago para alquiler el suelo de estas viviendas”. Lo que tiene claro es que es necesario poner fin a esta situación y que los vecinos dejen de ser unos “apátridas territorialmente hablando”. Esta medida, además, supondría un incremento en los ingresos de la Ciudad Autónoma en conceptos de IBI e IPSI.
El nuevo PGOU, en 12 meses
En cuanto al nuevo PGOU, el consejero explicó que en la comisión de debate presupuestarios anunció a la posición que, en febrero, una vez se lleve a cabo la aprobación inicial de los presupuestos, se convocará la Comisión de Infraestructuras a la que “hemos convocado a la empresa encargada de la revisión del plan, con un presupuesto de 140.000 euros” para abordar el tema.
Bussian pregunta a la posición si se van a plantear sesiones monográficas de estudio y debate del POGU donde “las suspicacias van a ser una constante o si van a ser de un aspecto más general”, porque entiende que el Plan debe estar listo cuanto antes para atender las necesidades de la ciudad, como por ejemplo facilitar espacios para la construcción de tres nuevos centros escolares.
Su intención es que el nuevo plan pueda estar listo en menos de doce meses. La normativa aeronáutica, las servidumbres, el mapa de ruidos y la normativa medioambiental “están actualizadas y nos ha costado iniciar la revisión porque en Madrid, con respecto a la servidumbre aeronáutica, decía que hasta el colegio Buen Consejo estaba dentro del mapa de ruidos y no se podía edificar”. Pero se ha podido modificar esta decisión teniendo en cuenta “las circunstancias de Melilla y el mapa de ruidos a aplicar no será el mismo aquí que en el resto de la península”.
La idea es que puedan estar listos los nuevos presupuestos de 2021 y el nuevo POGOU al mismo tiempo, porque “está incluido en el plan estratégico, donde hay empresarios interesados que están esperando el plan para realizar inversiones a nivel industrial y rústico”. Afirma que se encuentra redactado en algo más de un 60% y que resta poco más de un 30%. Espera que no se repita lo vivido hasta ahora, con “33 comisiones y fueron un suplicio, y vamos a intentar que sea lo más ameno posible”, concluyó.
