Las denuncias por agresiones en los centros sanitarios de Melilla pasaron de 14 en 2018 a 8 en 2019, según los datos que aportó el pasado viernes el interlocutor policial, el inspector José Ramón Díaz Menéndez, en la reunión de seguimiento del desarrollo y aplicación en la ciudad de la “Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. En la reunión, que se celebró en las oficinas de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), participaron el comisario José Manuel Gámez Castellanos, jefe Regional de Operaciones y segundo jefe de la Jefatura Superior de Policía, y el interlocutor policial, así como el director territorial del INGESA, Omar Haouari, y funcionarios de esta institución sanitaria junto a representantes de sindicatos y colegios profesionales del ámbito sanitario.
Cifras
Esta reunión es la primera de 2020 y tuvo como objetivo realizar un balance del ejercicio de 2019 que se cerró con ocho denuncias, seis menos que en 2018, según los datos del informe de la Policía Nacional. De las ocho denuncias presentadas, dos se realizaron por agresiones físicas.
Como dato significativo, el interlocutor policial resaltó que durante el año 2019 las dotaciones policiales atendieron 52 requerimientos de centros sanitarios, cifra similar a 2018 (53). De los 52 requerimientos, en 43 ocasiones se resolvió la situación solo con la presencia policial, lo que supone que su personación en el centro sanitario ayuda a que no se culminen las agresiones.
En el encuentro se analizaron los diferentes planes de prevención y de actuación que desarrolla la Policía Nacional en la actualidad que están teniendo buenos resultados, tal y como se refleja en la disminución del número de denuncias.
Los mandos policiales reiteraron que la atención a llamadas procedentes de centros sanitarios están catalogadas dentro de los servicios prioritarios y, por otro lado, recalcaron la utilidad del protocolo que permite la toma de datos por parte de los policías en el lugar que se produce la agresión, lo que facilita que el personal sanitario agredido solo tenga después que firmar la denuncia en Comisaría. Este protocolo que permite la toma de datos “in situ” está siendo estudiado para su implantación en el resto del territorio nacional.
