El presidente de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común, Jaume Asens, ha reafirmado que las devoluciones en caliente, son "incompatibles con los Derecho Humanos", y que el acuerdo firmado con el PSOE para conformar Gobierno es "claro" a este respecto, tal como defiende el vicepresidente 2º y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en contra de lo que sostiene el Ministerio del Interior. "Nuestra posición es la del vicepresidente. Creemos que eso está claro en el acuerdo y creemos también que esta práctica es incompatible con los Derechos Humanos", ha afirmado el dirigente diputado de En Comú en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.
Así lo ha asegurado Asens, al ser preguntado por las últimas declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien este miércoles aseguró en Ceuta que la figura legal del "rechazo en frontera" sigue vigente y volverá a ser utilizada por las Fuerzas de Seguridad en caso de necesidad en las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos.
De este modo, esta cuestión sigue representando un punto de fricción dentro del Gobierno, al menos ente el Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y Unidas Podemos, que sigue rechazando públicamente que este tipo de prácticas se sigan realizando.
Estrasburgo
La polémica sobre este asunto saltó después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalara a mediados de febrero las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos, al considerar que son legales y no vulneran los derechos humanos.
La postura del Ministerio del Interior de acatar dicha sentencia, sumado al hecho de que se filtrara a la prensa un borrador antiguo de la ley de asilo, que contemplaba un endurecimiento de esta normativa, generó gran malestar en las filas de Unidas Podemos.
En concreto, Unidas Podemos avisó de que "apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos" es "lo contrario" de lo que figura en el acuerdo de gobierno de coalición que firmaron con el PSOE.
Este malestar, que los 'morados' pusieron de manifiesto el miércoles de la semana pasada, llevó a Moncloa a dejar claro ese mismo día, a última hora de la noche, que el Gobierno "considera que la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y el acatamiento de las decisiones judiciales y en los Derechos Humanos".
