Hace unos días vi en el programa la Sexta Noche los problemas que están padeciendo nuestros agricultores. Las huelgas y manifestaciones son interminables y las protestas no cesan, ya que, al parecer, ellos no pueden poner el precio a sus productos, sino que son las distribuidoras y los corredores comerciales quienes le imponen dichos precios. Precios que se multiplican por seiscientos desde que salen de sus hectáreas hasta llegar al puesto del supermercado donde compramos.
Casi todos ellos afirman que los precios de salida de sus productos no han subido desde hace veinte o treinta años, mientras que el precio al consumidor ha aumentado por siete desde entonces. Desde mi perspectiva, creo que la especulación al consumo de los alimentos la primera vivienda y el automóvil utilitario es un despropósito y pienso que el Estado debería de tomar cartas en el asunto.
En primer lugar, el aumento del salario mínimo interprofesional no debe de ser un obstáculo para la rentabilidad de los empresarios, sino todo lo contrario. Ésta, debería de crear una economía interna en expansión y hacer que los productos incluso sean más baratos y de mejor calidad.
Por otra parte, pienso que el Estado debería de ser el mismo quien actualizase los precios en lonja. Es decir. Incrementar los productos al IPC desde hace veinte años o los que sean bajo un módulo del tres por ciento anual. Me explico: Si el precio de salida de almacén de cebolla está a cinco céntimos, por ejemplo. El tres por ciento desde hace treinta años duplicaría el precio a diez o doce céntimos el kilo. Ello sumado a una rebaja del impuesto al gasóleo agrícola y a ciertos materiales imprescindibles para la producción, harían las cosas más fáciles a nuestros agricultores. El precio de salida de los productos debería ser igual para los latifundios como para los minifundios de explotación.
Además, habilitar una ley en la que el agricultor pueda crear una cooperativa capaz de distribuir los productos a cualquier rincón de España y Europa, ya que nuestro país es una de las grandes potencias agrícolas del continente. Así mismo, la agricultura ecológica debería de ser un campo abierto para la repoblación de desempleados de larga duración.
En otro orden de cosas, creo que la información al consumidor, no es solo algo positivo, sino obligatorio, ya que el usuario paga lo que compra y debe de saber por derecho, el producto adquirido. Saber si lo adquirido guarda las normas sanitarias de la Unión Europea, que tanto le exigimos a nuestros agricultores, si el producto es transgénico, ecológico o estándar. Saber si es español o extranjero. O sea, «Producto de España», nada de UE, ni números raros…Que se vea. Y de este modo no solo ayudaremos a nuestros agricultores, sino que sanearemos la productividad de nuestro comercio y consumo…
Ahora, tal y como yo lo veo, esto sería posible si realmente queremos hacerlo o no. Porque como decía mi tío, que en paz descanse. «lo difícil, si se quiere es fácil porque al final, uno le coge el tranquillo a las cosas, pero si no se quiere, por muy fácil que sea la faena la montaña siempre está muy alta y llena de piedras».
