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CERMI Melilla insta a INGESA a la no discriminación sanitaria de personas con discapacidad

CERMI Melilla insta a INGESA a la no discriminación sanitaria de personas con discapacidad

Piden que el manejo de la pandemia se haga sin vulnerar los derechos de colectivos como mayores o personas con discapacidad

miércoles 08 de abril de 2020, 04:00h
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Melilla (CERMI Melilla) ha instado al director territorial del INGESA a pronunciarse públicamente contra la discriminación por razón de edad o discapacidad en la atención médica durante la gestión sanitaria de la pandemia del COVID-19.
Lo ha hecho a través de una carta en la que la entidad recuerda que “la vida de las personas con discapacidad o mayores no vale menos que la de las demás personas, y ha de ser tratada y atendida con arreglo a criterios de respeto, no discriminación y equidad, en todo momento. Lo otro, es selección social, y evoca los peores y más repugnantes momentos de la humanidad”, denuncia.

En un momento de crisis sanitaria, en el que “los recursos son escasos y los profesionales deben tomar decisiones con extrema rapidez, es indispensable que las autoridades velen por que, como dice la misiva, el manejo de la pandemia se haga sin vulnerar los derechos de colectivos específicos”.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado ratificado por España y que por tanto forma parte del ordenamiento jurídico, establece en su artículo 10 que “los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.

El artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad de los españoles “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por tanto, CERMI Melilla considera “ilegales y éticamente reprobables aquellos protocolos y actuaciones médicas que supongan un menoscabo del derecho de las personas con discapacidad de acceder a los medios sanitarios disponibles por su condición”.