Tras haberlo leído, me gustaría, por lo que pueda valer, hacer una serie de valoraciones al plan de choque que, como propuesta de trabajo, ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para relanzar la Justicia tras el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-19.
Yo calificaría el plan de “sorprendente”. El mismo incluye medidas para tratar de atajar la situación de urgencia que se va a vivir en los juzgados como consecuencia de la crisis económica que ya tenemos encima. Independientemente del mayor o menor acierto de las mismas, afrontar esa situación es algo necesario.
Pero resulta que el plan del CGPJ comprende otras muchas medidas que, al amparo de dicha urgencia, se presentan con vocación de permanencia y que, de implementarse, supondrían una profunda reforma de nuestra Justicia.
Y lo hace tras un análisis introductorio en el que el CGPJ pone de manifiesto una serie de deficiencias de funcionamiento que son muy anteriores a esta urgencia. Cabe preguntarse, por tanto, por qué se ha elegido este momento para acometerlas. Pero, sobre todo, me pregunto yo de qué ha servido hasta ahora un CGPJ que ha tenido que esperar a una crisis como ésta para lanzar una serie de propuestas dirigidas a agilizar una Justicia que lleva décadas funcionando a marchas forzadas, a pesar de, y precisamente gracias a, el sobresfuerzo de los jueces y del resto de operadores jurídicos.
Por concretar un poco, aunque sin especificar, algunas de las medidas presentadas son buenas, y se ve que detrás hay un estudio técnico que, sin duda, el CGPJ debía de tener ya hecho. No en balde, algunas propuestas habían sido diseñadas por los jueces decanos hace mucho tiempo, y ahora las ven “resucitar”. Otras, sin embargo, parten de un desconocimiento profundo de cómo funcionan los juzgados que, en el mejor de los casos, no van a servir de mucho, y, en el peor, son directamente perjudiciales para los derechos profesionales de los jueces y, sobre todo, para los derechos de los ciudadanos a una justicia independiente y de calidad.
El grueso de las medidas busca agilizar el ritmo de los juzgados a base de suprimir juicios, reducir las posibilidades de recurso y eliminar ciertas garantías, como la oralidad. Ello supondrá, sin duda, un aumento en la velocidad de respuesta judicial, pero no se ha valorado el coste en derechos de los ciudadanos que ello puede suponer. Implementarlas requeriría de un debate mesurado y de un consenso que en estos atribulados momentos está lejos de poder iniciarse, siquiera. Incluso las medidas que a priori parecen buenas ideas deberían encauzarse por otra vía, y no aprovechar una pandemia para, casi sin debate, tratar de introducirlas.
Además, mucho me temo que, al final, son las espaldas de los jueces sobre las que van a concretarse estas medidas.
De hecho, no hay ninguna memoria económica en las 436 páginas del plan, y casi todas las propuestas indican expresamente que su impacto económico será de cero euros, al requerir fundamentalmente de reformas legales que no tienen coste alguno. Pero incluso en eso el CGPJ va más allá, y no es ya que los esfuerzos adicionales que los jueces estamos dispuestos a hacer, por vocación de servicio público, no vayan a retribuirse, es que, cuando hayan de pagarse (planes de refuerzo), será con parte del sueldo de los propios jueces, las retribuciones variables.
Además, no veo que el CGPJ, como es su obligación, haga peticiones a los responsables públicos para que se aumente la, desde siempre, insuficiente inversión en Justicia, así como para racionalizar su gasto. Nada de aprovechar la coyuntura para pedir más medios materiales (lo que incluye todo lo referente a tecnología, digitalización y teletrabajo) o un incremento sustancial e imprescindible de la planta judicial. No. Solo distintas formas de organizar a los sobrecargados jueces que ya ejercemos (o incluso a aquellos que aún están en prácticas), que, de facto, van a suponer colar de rondón los controvertidos tribunales de instancia e insistir en el “exitoso” modelo de los juzgados de cláusulas suelo, convirtiéndonos, por fin y según el deseo de muchos, en meras gallinas ponedoras de sentencias ajenos a todo lo demás que rodea a un pleito, que es donde, en ocasiones, se juega mucha de la tutela judicial efectiva que proporcionamos con nuestro trabajo.
Por supuesto, no vemos en el plan nada a cerca de despolitizar el gobierno judicial, algo que se reclama por toda la ciudadanía y nos exigen desde Europa desde hace lustros.
Finalmente, lo más importante. La prioridad del CGPJ, por encima incluso de ver cómo organizar la maquinaria judicial, debería ser la salud de sus jueces. Y no creo que el CGPJ esté pensando en un plan para reducir en lo posible los riesgos de infección por el COVID-19 cuando la actividad judicial se reactive. Veo a los compañeros, cuando se levante el estado de alarma, celebrando juicios durante horas en salas diminutas y sin ventilación, en edificios poco o nada acondicionados, porque quien tiene que velar por su salud no ha estado atento a ello.
Espero equivocarme.
