El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, pidió ayer al Gobierno central que se haga cargo del coste que supone la acogida de varios cientos de personas, marroquíes adultos y menores, fundamentalmente, en tres zonas habilitadas durante el estado de alarma, y que supone a las arcas públicas melillenses un coste mensual de unos 300.000 euros. A preguntas de los periodistas, Mohamed Mohand explicó que la acogida, alimentación y atención en general de estas personas ha obligado a la Ciudad Autónoma a contratar a tres empresas, que prestan los diferentes servicios que necesitan en la Plaza de Toros, el campamento del V Pino y el camping de Rostrogordo.
En dicho camping hay unos 200 menores extranjeros no acompañados que han sido trasladados allí para aliviar la sobreocupación del centro de acogida de La Purísima, donde estaban acogidos unos 900 menores.
Por su parte, en la Plaza de Toros y el campamento del V Pino se encuentran acogidos unos 350 marroquíes que llevan más de un mes y medio atrapados en Melilla ante la imposibilidad de pasar a Marruecos por el cierre de la frontera decretado por el país vecino el pasado 13 de marzo.
La mayoría están en la Plaza de Toros, que ha sido habilitada para la acogida de estas personas, si bien en el campamento del V Pino, donde estaban hasta hace algo más de dos semanas, quedan aún unas 80, ya que el traslado, en palabras del consejero, está siendo “gradual y evaluando siempre el comportamiento”.
Subsaharianos
En el V Pino también se encuentran los 55 subsaharianos que accedieron a Melilla de forma irregular el pasado 6 de abril saltando la valla y que no han sido acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ante la necesidad de que guardaran 14 días de cuarentena para ver si experimentaban síntomas de coronavirus.
Ese periodo de cuarentena finalizó el 20 de abril sin que estas personas desarrollaran la sintomatología, pero siguen en una zona acotada en el Recinto V Pino a la espera de que el Ministerio de Migraciones y la Delegación del Gobierno transmitan a la Ciudad Autónoma “cuál es la solución” para estas personas, explicó el consejero.
En este sentido, Mohand avanzó que ayer tenía prevista una videoconferencia con la Secretaría de Estado de Migraciones donde abordarían este asunto, y en la que el consejero iba a pedir que el coste que supone a la Ciudad Autónoma la atención de estas personas, que asciende a unos 300.000 euros mensuales, “lo tiene que asumir de una manera u otra” dicho Ministerio.
