Lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar más, censurar menos, y afrontar de forma eficaz, de una vez por todas, la inmigración irregular, algo que no le interesa porque es un tema que no tiene buena prensa y da demasiados quebraderos de cabeza El CETI de Melilla es una patata caliente que el PSOE tiene en sus manos, porque además de ser un auténtico polvorín por el grave hacinamiento que sufre y la imposibilidad de cumplir medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus, resulta que una parte de quienes viven en él, 1.700 personas vulnerables y con mucha incertidumbre, han empezado a ser incómodos con sus lógicas protestas. Lógicas, porque denuncian que llevan meses retenidos en Melilla, en una situación muy difícil, con la sensación de estar perdiendo parte de su vida en un limbo ante el cual el Gobierno del PSOE mira a otro lado, calla y deja pasar el tiempo. El Gobierno, para entendernos, se hace el sueco, como hace siempre para disimular manchas que pudieran ensombrecer su gestión.
Ayer, cuando varios medios nacionales ponían el foco en las protestas de los 600 tunecinos que viven en el CETI de Melilla, que han iniciado una huelga de hambre para llamar la atención sobre su situación, el Gobierno de Sánchez no tuvo otra cosa que hacer que negarlo. “Actualmente, no hay ningún residente del CETI que se encuentre haciendo huelga de hambre”, dijo de forma escueta la Delegación del Gobierno. Los tunecinos, por su lado, aseguran que siguen adelante con su huelga de hambre y continúan haciendo llegar imágenes de sus protestas, con autolesiones incluidas, fruto de la desesperación que viven. Imágenes que la Delegación del Gobierno pretende censurar: “Asimismo, se recuerda a los medios de comunicación que, en virtud de la salvaguarda de los derechos de las personas, están obligados a pixelar los rostros de los residentes y trabajadores del CETI tanto en lo que se refiere a fotografías como vídeos”, apuntaba el organismo que dirige Sabrina Moh.
Es curioso que la Delegación del Gobierno quiera evitar imágenes de las protestas de los residentes en el CETI “en virtud de la salvaguarda de los derechos” de esas personas, cuando son esas mismas personas, en edad adulta, las que hacen llegar fotos y vídeos a la prensa para exteriorizar su protesta y que llegue a la opinión pública, ahora menos accesible por estar confinada. No son menores de edad y tienen derecho a que se conozca su situación, pero la Delegación del Gobierno está más preocupada en silenciarlos y negar la realidad.
Lo que debería hacer el Gobierno es trabajar con diligencia para evitar lo que está pasando desde hace más de dos años, y es un CETI lleno hasta los topes, por encima del doble de su capacidad máxima. Mantener una situación así prolongada en el tiempo convierte el CETI en una olla a presión que puede reventar de un momento a otro, sobre todo si se produce una entrada masiva, que es una posibilidad siempre presente en nuestra valla, como pudimos ver a principios de este mes. Una olla a presión que, como decíamos al inicio de este Editorial, también es un polvorín si se produce un solo contagio en un lugar donde hay 1.700 personas juntas. En evitar eso es donde el Gobierno debe centrar sus esfuerzos, en lugar de intentar silenciar a los inmigrantes y a los medios de comunicación. Debe solucionar esa saturación, denunciada por multitud de oenegés e instituciones, organizando traslados frecuentes y numerosos, en vez de engañar anunciando el alivio de la situación con una salida de 70 personas que se quedará en nada en cuanto entren al CETI los 55 que saltaron la valla.
En definitiva, lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar más, censurar menos, y afrontar de forma eficaz, de una vez por todas, la inmigración irregular, algo que no le interesa porque es un tema que no tiene buena prensa y da demasiados quebraderos de cabeza.
