Casi medio centenar de organizaciones ha exigido al Gobierno que no deporte al colectivo de unas 600 personas tunecinas que se encuentra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, al tiempo que ha pedido que los traslade a la península "de manera urgente" y que se inicie un proceso para su regularización. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó en una rueda de prensa de que el expediente de expulsión de esos más de 600 tunecinos "está concluido y materializado" y que está trabajando con la Embajada y el Gobierno de Túnez para proceder a su repatriación a "la mayor brevedad posible".
En respuesta, se ha lanzado un manifiesto, al que ya se han adherido casi 50 organizaciones y otro medio centenar de personas individuales, para instar al Gobierno a paralizar esas expulsiones. Tal y como se señala en el documento, en este grupo de personas procedentes de Túnez hay familias con niños o personas mayores y llevan alrededor de ocho meses en el CETI, esperando su posible traslado a la península.
"A estos meses de espera, y ante la incertidumbre de su situación al no ser trasladados a la península, se les ha sumado, por un lado, la amenaza de la pandemia en un CETI hacinado con más del doble de personas de la capacidad que puede albergar, y, por otro lado, el anuncio de su eventual futura deportación a Túnez", apunta el manifiesto.
Teniendo en cuenta que en dicho CETI permanecen alrededor de 1.600, cuando su capacidad es para unas 780, los firmantes destacan que es "imposible cumplir con las recomendaciones que se han hecho al resto de la población". Además, recuerdan que "el confinamiento, la aglomeración, la falta de higiene y el pánico han provocado protestas desde hace días" y que algunos hayan iniciado una "huelga de hambre".
Con todo, en este manifiesto denuncian que el colectivo de personas procedentes de Túnez "se encuentra en el CETI desde hace meses, en una situación que se ha prolongado de manera no justificada, obligándoles a esperar hacinados en unas instalaciones sobreocupadas, para al final decidir su deportación durante la pandemia".
