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Se reunieron con los afectados para ofrecerles asistencia jurídica y elevarán una queja al Defensor del Pueblo

Los abogados de la CIM consideran “inhumano” que Delegación inicie expedientes de expulsión a las personas atrapadas

Algunas de las personas que han recibido un expediente de expulsión en el cementerio

Los abogados de la Comisión Islámica de Melilla (CIM), Mohamed Bussian y Jamal Mohamed, consideran que es “arbitraria, inhumana y perversa” la decisión que ha tomado la Delegación del Gobierno de Melilla de iniciar expedientes de expulsión que afecta a los marroquíes refugiados en el cementerio musulmán. Se reunieron ayer con los afectados para ofrecerles asistencia jurídica y poder trasladares “un poco de tranquilidad” ya que se encuentran en la ciudad en contra de su voluntad ante “el cerrojazo fronterizo” desde el pasado 13 de marzo. Además, elevarán una queja al Defensor del Pueblo por la forma de actuar de la Administración competente que les resulta “inaceptable” en este momento. Uno de los abogados de la Comisión Islámica de Melilla (CIM) explicó a este Diario que ayer se reunieron con las personas afectadas que se encuentran acogidas en el cementerio musulmán, quienes les han comunicado que la Delegación del Gobierno de Melilla ha iniciado un expediente de expulsión contra ellos.

“Es perverso e inhumano”
Desde la CIM muestran su repulsa porque es “notorio y público” que estas personas se encuentran en esta ciudad en contra su voluntad, su estancia no se puede considerar irregular porque “son víctimas del cerrojazo fronterizo, no incurren en ninguna infracción de la normativa de Extranjería”.

Apuntó que al mismo tiempo que se les obliga a permanecer en territorio español, se les ha iniciado un expediente de expulsión por estancia irregular, algo que resulta “diabólico y arbitrario porque carece de todo fundamento legal”.

El abogado de la CIM cree que aprovechar el estado de alarma y el confinamiento, cuando la libertad de movimiento se encuentra restringida, para localizar a estas personas e iniciar el procedimiento es “perverso e inhumano”.

La Comisión Islámica traslada su repulsa ante la forma de proceder de Administración competente ya que “no solo deja sus funciones y traslada esa responsabilidad a la CIM que es la que asiste a esas personas, sino que aprovechándose de esa labor consigue identificar y localizar a estas personas para iniciar un expediente de expulsión”.
“No solo resulta arbitraria, inhumana y perversa la decisión de Delegación, sino que en particular con la CIM es desleal que, en su afán de preservar la salud de estas personas y la salud pública, atiende a estas personas”, sostuvo.

Por ello, los abogados van a solicitar que se archiven de forma inmediata todos los expedientes de expulsión y a partir de ahora, desde la CIM no solo va a asistir a estas personas de manera material, social, afectiva y psicológica, sino también de manera jurídica.

Asimismo, ante esta situación van a trasladar denuncias y quejas a varios organismos nacionales e internacionales y de forma “inmediata” al Defensor al Pueblo por la forma de proceder de la Administración ya que es “inaceptable” en este momento.

El abogado de la Comisión Islámica aclaró que el grupo de Extranjería de la Policía Nacional acudió formalmente al propio cementerio musulmán para notificar los expedientes de expulsión. Aunque insistió en que “no hay base ni fundamento legal” porque estas personas no se encuentran en Melilla voluntariamente y lo único que contribuye es a generar “más angustia, miedo y preocupación”.

Sobre cuántas personas han recibido el expediente, respondió que han iniciado trámites para conocer el estado y el número de personas que se encuentran afectadas, pero la mayor parte del colectivo que está en las dependencias del cementerio han recibido una notificación.
“Resulta contraria a la dignidad humana esa forma de proceder, la atención debe ser el principio que presida la actuación de cualquier administración”, concluyó.

“¿Cuáles son los motivos de Delegación?”
El letrado de la Comisión Islámica manifestó que a estas personas no les dejan salir del territorio español y ahora les obligan a expulsarlos, por lo que, piensa que habría que preguntarle a Delegación del Gobierno cuáles son los motivos.
“No tiene justificación, es un procedimiento sancionador y para iniciarlo es necesario tener conocimiento de un hecho o un acto que puede considerarse irregular”, apostilló.

Respecto a los afectados, aseguró que, están “especialmente preocupados” porque se trata de un expediente sancionador que puede generar consecuencias en el presente y en el futuro de la vida de estas personas.

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Lorena Japon

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