El PP insistió ayer en la denuncia pública que el día anterior ya había hecho su presidente regional, Juan José Imbroda, respecto a la falta de información que el Gobierno local facilita a petición de los diputados de la Asamblea, lo que supone “un atropello” de los derechos de los parlamentarios. En un mensaje grabado, el secretario general de la formación, Miguel Marín, fue más allá al afirmar que si no se les quiere facilitar esa información “es porque están escondiendo las presuntas ilegalidades que envuelven las actuaciones de este desastroso Gobierno”.
Marín advirtió de que su partido llevará a los tribunales esas “presuntas ilegalidades” que , según dijo, podría estar cometiendo el Ejecutivo melillense en cuestiones sobre los que “impide el acceso a la información” del principal grupo político de la Asamblea de Melilla, compuesto por 10 escaños.
Por ejemplo, el dirigente popular explicó que su grupo pidió en enero información sobre las contrataciones de Emvismesa y aún no se le ha facilitado, cuatro meses después.
Lo mismo sucede, según dijo, con el “contrato ilegal del nuevo centro de menores de Rostrogordo” o “las ayudas ilegales concedidas por la Consejería de Distritos”.
Señala a Rojas
La situación, en palabras de Marín, es inadmisible y “una perversión del Estado de Derecho”. Pero centró la atención, sobre todo, en la vicepresidenta primera del Gobierno local y líder del PSOE melillense, Gloria Rojas.
“Es la persona que se erigía en la transparencia y la regeneración democrática personificadas, pero ella, como vicepresidenta primera, está permitiendo la comisión de estas atrocidades y todas estas cacicadas”, aseveró el número dos del PSOE local.
Por todo ello, Miguel Marín lamentó que Melilla “está padeciendo y sufriendo un Gobierno que, además de ser caótico, desastroso e incapaz de gestionar absolutamente nada, está usando métodos propios de regímenes dictatoriales similares a Venezuela o Cuba”.
Pide que se celebre la Comisión de Hacienda
El Grupo Popular en la Asamblea ha presentado un escrito en la Asamblea para pedir que se convoque una reunión de la Comisión de Hacienda, Empleo y Comercio con cuatro puntos en el orden del día, relacionados con la gestión económica durante la pandemia del coronavirus.
Según explicó el portavoz del PP en la Cámara regional, Miguel Marín, el primer punto que propone su partido es para pedir información sobre las ayudas sociales y económicas que ha propuesto la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri. Marín justificó esta petición al recordar cómo la consejera cepemista ha ofrecido diferentes informaciones y cifras en días sucesivos.
Asimismo, el PP también pide información sobre la tramitación de la modificación presupuestaria, ya que quiere saber qué partidas piensa eliminar el Gobierno y, además, “hasta que no se apruebe la modificación presupuestaria, no se pueden aprobar las bases y la convocatoria de ayudas”. De igual modo, el PP pide información sobre el reparto de 16.000 millones del fondo estatal, dadas las cifras diferentes ofrecidas por Almansouri y el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, lo que es “otro disparate en el seno del Gobierno”. El último punto del orden del día que plantea el PP es información sobre “la deuda del Gobierno con Melilla”, que asciende a casi 28,6 millones de euros entre 2019 y 2020.
Según Marín, su partido pide esta comisión debido a que el Gobierno no ha dado a conocer sus actuaciones casi dos meses después del inicio del estado de alarma y porque “pierde el tiempo en sus peleas internas y son incapaces de dar respuesta a las necesidades de Melilla”.
