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La Ciudad destinará 8,9 millones de euros al plan de ayuda contra las consecuencias económicas del covid-19

Dunia Almansouri, consejera de Hacienda
Dunia Almansouri, consejera de Hacienda (Foto: CAM)

Anuncia además la Ciudad Autónoma que “prepara un plan de pagos para liquidar de una vez todas las facturas atrasadas desde 2017”

jueves 14 de mayo de 2020, 04:00h
La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, anunció ayer que gracias a la modificación presupuestaria que afectará a más de sesenta partidas se espera conseguir 8,9 millones de euros que se destinarán al plan de ayuda por el covid-19 que se dividirá en seis fondos, entre ellos uno de ayuda a Emvismesa, el de atención a las necesidades sociales y el apartado de menor y familia.
En rueda de prensa, la consejera indicó que en la línea de trabajo que se viene desarrollando para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis, se está tramitando “una modificación presupuestaria amplia que afecta al menos a sesenta partidas diferentes destinadas al plan de ayuda, que arroja un total de 8,9 millones de euros que irán destinados a medidas sobre todo sociales y para las familias”.

Distribución
Así, se creará el Fondo de Atención de Necesidades Sociales Crisis Covid-19 con 1,5 millones de euros y el de Prevención e Inserción Social Covid-19 de medio millón. Igualmente se habilitará un fondo de Transferencias corrientes a Emvismesa de 1,3 millones “para hacer frente a los costes de la moratoria por el pago de hipotecas y subvenciones al alquiler”; y se creará una partida adicional a la existente para subvenciones urgentes al arrendamiento de un millón de euros.

También se creará el fondo de Prevención e Inserción Social del área del Menor y la Familia Covid-19 de 1.080.000 euros, y el Fondo del área del Menor y Familia dotado con 3,5 millones.

Explicó que este total se minora de partidas procedentes de distintas consejerías, pero sin duda, “el gran esfuerzo lo han realizado la de Infraestructuras, Urbanismos y Deportes, la de Medio Ambiente y Presidencia”, y reiteró Almansouri que estos 8,9 millones “son adicionales a las partidas que ya existen en las distintas áreas” para combatir la crisis.

Facturas impagadas
Anunció además que otra línea de actuación para que haya liquidez en la Ciudad Autónoma “es preparar un plan de pagos para liquidar de una vez por todas las facturas atrasadas desde 2017”. Prevé que entre esta semana y la siguiente se pueda liquidar el presupuesto de 2019 y que con el remanente se pueda montar “este procedimiento extraordinario para pagar a proveedores” que esperan desde hace más de tres años.

Afirma la consejera que “muchas de estas facturas se han enviado al Consejo de Estado por las posibles responsabilidades patrimoniales que se puedan derivar del procedimiento anómalo” seguido y, asegura que algunas de ellas, siguiendo las recomendaciones de este órgano, se han remitido la Fiscalía.

Añade, sobre este particular, que el Consejo de Estado asegura que “en algunos de estos contratos se infringió gravemente el ordenamiento jurídico y se reitera que la actuación administrativa de estos contratos resulta inaceptable desde el punto de vista del ordenamiento jurídico”.

Manifiesta la responsable de Hacienda que son unos pronunciamientos “muy contundentes” los que realiza el Consejo de Estado y que animan “a este Gobierno a actuar con la misma contundencia para depurar todas las responsabilidades de quienes, con su mal proceder, han mal gestionado el dinero público y se tomen las medidas necesarias para que estas prácticas en la administración de Melilla dejen de ocurrir”.

14 millones de euros
Afirmó que el total de las facturas impagadas se eleva a 14 millones de euros, pero que ya se han abonado “muchas de ellas en los últimos meses y en el último trimestre hemos pagado facturas por un valor de 25 millones que corresponden a 2019, algunas de 2020 y algunas atrasadas del gobierno anterior”. De hecho, señaló que solo de facturas pendientes remitidas al Consejo de Estado pendientes de pronunciamiento el volumen se eleva a cinco millones de euros, que es “una cantidad importante”.

Aseguró que el objetivo de este año es tener el procedimiento finalizado y que sobre el mes de septiembre se puedan tener abonados todos estos pagos pendientes. Para ello será necesarios que las consejerías remitan la documentación necesaria para completar los expedientes que en su día no pudieron continuar por existir reparo por parte de Intervención.

Por ello, dice ver un “contrasentido” en la forma de actuar del PP y que su secretario general, Miguel Marín “se muestre preocupado porque la Ciudad gaste 600 mil euros en atender las necesidades alimenticias de familias melillenses y no le preocupe que el Consejo de Estado diga que es inaceptable, desde el punto de vista jurídico, el proceder” del Gobierno Imbroda.

El PP
Reitera que debería preocuparse por pronunciamientos que “no les dejan, a los populares, muy bien parados en temas como el control financiero”. Asevera que “son cuestiones que a quien realmente le preocupa la ciudadanía melillense y los empresarios no hubieran dejado que hubiese pasado en ningún momento, porque hay empresas que llevan años sin cobrar servicios prestados por el mal proceder del anterior gobierno”.

En esta línea, aseguró que se está trabajando para reforzar la Intervención de la Ciudad Autónoma como “máximo órgano de fiscalización para evitar que este tipo de cuestiones se repitan”.

En cualquier caso, apostilla que “lo importante” es que se han modificado sesenta partidas del Presupuesto de la Ciudad para el plan de ayudas del covid, que pasará por comisión entre el viernes y el lunes, que son 8,9 millones de euros enfocados en medidas que redunden en la atención a las familias más desprotegidas. “Este Gobierno está trabajando para que todos los ciudadanos, de una forma u otra, vean atendidas todas sus necesidades”, dijo.

Habrá exención del pago de tasas para la instalación de terrazas
La consejera salió al paso ayer de las manifestaciones de Manuel Ángel Quevedo (PP) al que aconsejó “no ser tan simplista” porque conoce cómo funciona la administración. Almansouri respondió a la crítica de que entre los miembros del Gobierno no se ponen de acuerdo porque mientras el consejero de Medio Ambiente anunciaba una exención total de las tasas por instalación de terrazas, el mismo día el Boletín de la Ciudad incluía que se aplicaba un descuento del 75%.

Explicó Almansouri que el consejero de Medio Ambiente llegó a este acuerdo con el sector de Hostelería el fin de semana, cuando ya se había tramitado el expediente administrativo del 75% que se esperaba se publicara en el Boletín Oficial de la Ciudad, como finalmente ocurrió el martes. Anunció que su Consejería iniciará los trámites para publicar cuanto antes este acuerdo que habla de la exención del cien por cien de la tasa por instalación de terrazas, por lo que entiende que no hay contradicción.

También le recuerda a Quevedo que se ha aprobado que se amplíe la superficie de las terrazas en esta fase de desescalada y que se va a permitir que también puedan instalarlas los establecimientos de hostelería que carecían de ella.

Las consecuencias de dos meses de cierre fronterizo se conocerán cuando se levante el estado de alarma
A preguntas de los periodistas, la consejera señaló que “lógicamente se nota” el cierre fronterizo que experimenta la ciudad desde hace dos meses, pero “las cuestiones sociales y económicas no las podremos valorar hasta que el comercio esté a pleno rendimiento, porque apenas si han abierto algunos establecimientos”. Con apenas dos días en la fase 1, con solo algunos comercios abiertos “es pronto para conocer el impago económico que puede tener” este cierre fronterizo. No obstante, reconoce que tanto para el comercio local como para las arcas públicas este hecho “supondrá un importante descenso en lo ingresos, pero esto es algo que habrá que valorar cuando la economía empiece a rodar y se levante el estado de alarma”.

Almansouri indicó que, para que se mueva la economía, se va a primar la contratación mayor y el sostenimiento de todos los servicios que se prestan por parte de la Ciudad Autónoma que se consideren de interés general. “Lo que pretendemos es mantener un equilibro entre la contención del gasto y la obra pública porque la Ciudad Autónoma es la mayor empresa de la ciudad”, dijo.

Por último, confirmó que por el momento no han recibido respuesta al escrito enviado por Ceuta y Melilla al Ministerio de Hacienda para que ambas ciudades tengan una mayor participación en el reparto del Fondo no reembolsable que ha previsto el Gobierno para contribuir a paliar los gastos de la crisis. Aun así, informó que la vicepresidenta Gloria Rojas adelantó en la reunión del comité de crisis que había mantenido algunos contactos con la ministra para ver cómo va el asunto. Deja claro Almansouri que en esta cuestión Ceuta y Melilla irán unidas en la defensa de sus intereses.