www.melillahoy.es
La vuelta a las clases está pendiente de que se remita ese informe para la entrada en la fase 2 de cara al 25 de mayo
Ampliar
La vuelta a las clases está pendiente de que se remita ese informe para la entrada en la fase 2 de cara al 25 de mayo

Delegación y Ciudad aseguran que no asumirán “riesgos innecesarios” en la desescalada educativa

Para el retorno a las clases presenciales, dijo la delegada, debe quedar garantizado que se puedan cumplir todas las medidas sanitarias y de prevención, de ahí la necesidad de ver cuál es la situación real de Melilla

jueves 14 de mayo de 2020, 04:00h
La Ciudad Autónoma de Melilla y la Delegación del Gobierno mostraron ayer su intención de no asumir “riesgos innecesarios” para los niños con una desescalada en el ámbito educativo, algo sobre lo que aún no se ha adoptado ninguna decisión, ya que está pendiente de la remisión del informe para la entrada en la fase 2. En rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, explicó que ya se han mantenido las primeras reuniones en este sentido, una de las cuales tuvo lugar la semana pasada con los directores de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Moh indicó que la fase 1 del plan de desescalada, en la que se encuentra Melilla, los centros educativos han reabierto para funciones administrativas “con todas las garantías y medidas de higiene establecidas” en la orden emitida.
De cara a una posible entrada en la fase 2, se está abordando con los directores de los centros si la actividad educativa debe ser presencial o no, si bien la delegada del Gobierno dejó claro que la intención de las autoridades melillenses es no asumir “ningún riesgo innecesario, máxime cuando Melilla evoluciona favorablemente” en la pandemia.
“Hay que valorar la situación, poner sobre la mesa la realidad y emitir un informe al respecto”, agregó la delegada, que también participó el martes en una reunión con la consejera de Educación, Elena Fernández Treviño, el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, la responsable de la Unidad de Programas Educativos (UPE), Victoria Menchacatorre, el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, y el director territorial del Ingesa, Omar Haouari.
En ese encuentro, explicó Moh, se pusieron sobre la mesa todas las cuestiones y dudas planteadas y todas las partes se han emplazado a una próxima reunión la próxima semana para elaborar el informe definitivo.

Retorno a las clases
Para el retorno a las clases presenciales, dijo la delegada, debe quedar garantizado que se puedan cumplir todas las medidas sanitarias y de prevención, de ahí la necesidad de ver cuál es la situación real de Melilla y cómo se podrían llevar a cabo esas medidas y, si no es posible, continuar trabajando como se ha estado haciendo hasta el momento.
Por su parte, Mohamed Mohand aseveró que la vuelta a las clases está pendiente de que se remita ese informe para la entrada en la fase 2 de cara al 25 de mayo, de modo que en el ámbito educativo aún nadie se ha pronunciado en ningún sentido, aunque instó a “actuar con diligencia”.

Mohand rebate la opinión de De Castro sobre cobrar al Ingesa por usar el Hotel Tryp: “Sería contraproducente”

El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, mostró ayer su sorpresa al ser preguntado sobre las declaraciones que el presidente del Gobierno local, Eduardo de Castro, hizo el domingo respecto al hecho de que la Ciudad Autónoma esté asumiendo los gastos del Hotel Tryp Melilla Puerto para acoger a personal sanitario que quiere evitar posibles contagios a sus familiares. “Son competencias impropias, tendrá que verse en su momento quién lo paga. El Ingesa debe hacerse cargo de la cuestión sanitaria, aunque nosotros les ayudamos desde Salud Pública”, aseveró entonces De Castro.
Sin embargo, Mohamed Mohand expresó su disconformidad y, de hecho, advirtió de que “sería contraproducente” pasar la factura al Ingesa por el uso del hotel y del centro dependiente del Imserso para contagiados de coronavirus cuando la Ciudad Autónoma está argumentando ante el Gobierno central su derecho a percibir una mayor parte del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros por sus competencias de Salud Pública. Además, recordó que se trata de contratos gestionados por la Ciudad Autónoma.