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La CAM denunciará a Miguel Marín (PP) por acusarle de adjudicar el centro de menores Rostrogordo de forma ilegal

El consejero Ahmed muestra una foto con colas de personas necesitadas que quiere evitar
El consejero Ahmed muestra una foto con colas de personas necesitadas que quiere evitar (Foto: CAM)

Según el consejero de Distritos, el secretario general del PP deberá responder ante un juez de sus “manifestaciones tendenciosas” que interpreta además “salpican a los técnicos municipales”

martes 19 de mayo de 2020, 04:00h
El consejero de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, Mohamed Ahmed Al-Lal, anunció ayer que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma se querellarán contra el secretario general del PP, Miguel Marín, que considera que se ha seguido un “procedimiento ilegal” en la adjudicación del contrato de gestión del centro de menores provisional de Rostrogordo.
En rueda de prensa, el consejero de Distritos entiende que Marín hace “acusaciones tendenciosas” de supuestas ilegalidades en el procedimiento seguido en la creación del centro provisional de menores de Rostrogordo que “deberá demostrar ante un juez”. Añade que en sus acusaciones Marín “está implicando al cuerpo técnico de la Ciudad cuestionando los procedimientos” que se han seguido en este y otros asuntos.

Centro de menores
Recuerda que, entre otras cuestiones, Marín acusa al Gobierno local de gastar 250.000 euros mensuales en “un contrato ilegal” para la gestión del nuevo centro de menores de Rostrogordo que “califica de ilegal”, al tiempo que asegura que se dan ayudas sociales “sin que haya un procedimiento administrativo”. En opinión del consejero, estas podrían ser afirmaciones en la tertulia de una cafetería, pero “no de una autoridad como el secretario general del PP”.

Explicó el responsable de Distritos que, con el centro de menores provisional, se ha seguido lo que marca la legislación, siguiendo las recomendaciones del cuerpo funcionarial. Afirma que se deciden a abrir el centro porque ya existía una situación de emergencia por hacinamiento en Purísima previa a la crisis que alertaba de que podría darse “una vulneración del interés superior del menor”. La situación podría agravarse tanto para los acogidos como para el personal, con el estado de alarma por el covid-19.

Tal como describe la circular informativa de la Dirección Técnica de Contratación, la vía a la que se recurre para adjudicar el nuevo centro es la del “contacto verbal con empresas que pudieran prestar el servicio”. Seguidamente los documentos aportados se trasladan tanto a la Secretaría del Consejo de Gobierno como a la de Contratación de la Consejería de Hacienda. “Todos estos hitos fiscalizadores se han superado” para que finalmente se realizara la adjudicación del contrato.

La apertura del centro también da respuesta a dos requerimientos remitidos por la Fiscalía de Menores y de la Dirección del Centro de Purísima en septiembre pasado, “que nos insta a desbloquear la situación de hacinamiento, y en abril donde se nos anuncia la apertura de un expediente gubernativo para sancionar a la Ciudad si no se alivia la situación del centro de acogida”.

Visto en comisión
Asegura que toda esta información se llevó a una comisión de la Consejería de Distritos donde los representantes del grupo popular “estuvieron preguntando con total libertad por la situación en la que se hicieron los contratos y las ayudas a las familias, y se respondió a todo, tanto por mi parte como por el director general que estuvo citado”, por lo que considera que si Marín no conoce estos extremos será “por falta de comunicación” con sus compañeros.

Interpreta que con “el carácter tendencioso y temerario de sus declaraciones, Miguel Marín da a entender que la Fiscalía de Menores permite la creación de un centro ilegal, y siendo licenciado en Derecho como es, creo que es muy arriesgado afirmar eso”. En cuanto a que el personal del centro ha sido contratado “de forma directa por la Consejería”, informa que estos perfiles serán remitidos a Fiscalía “para garantizar la seguridad de los menores que atienden y confirmar que no cuenten con antecedentes por delitos contra la infancia”.

El consejero Ahmed afirma que con la ayuda prestada se ha intentado “dignificar a las familias”
Niega el consejero que se haya seguido un procedimiento irregular a la hora de conceder ayudas a las familias más vulnerables afectadas por las consecuencias económicas del Covid-19. Asegura que la rapidez con la que se ha actuado se ha evitado ver colas como las que se han podido producir en distintas capitales peninsulares, de personas esperando poder recibir una bolsa de alimentos.

En Melilla, cuidando al máximo las medidas sanitarias, indica que se ha ayudado a las familias en la entrega de productos de primera necesidad, buscando un sistema con el que “dignificar a estas familias”, por lo que “creo que hay que ser muy miserable para criticar las medidas que el Gobierno de la Ciudad está adoptando para evitar estas imágenes de gente haciendo cola para recoger alimentos”. Indicó que desde que empezó la crisis desde Distrito se ha atendido a 2.500 familias, lo que supone unas nuevas mil personas.

Para elaborar el procedimiento a seguir, indica que se han mantenido conversaciones con los técnicos de la Dirección General y con la propia Intervención de la Ciudad Autónoma, en cuanto a las formas de proceder. Lo que se buscaba además era no dilatar en el tiempo una asistencia social que se pretendía fuera inmediata y no como en otras provincias que la espera llega a cuatro meses. Se fijaron “unas bases mínimas para determinar qué familias podían ser beneficiadas y se publicaron en la web Melilla Colabora”. Afirma que desde varias ongs que trabajan con estas familias, muestran su agradecimiento a la Consejería por la ayuda que se les presta.

Reitera que Marín ha realizado “afirmaciones tendenciosas y fuera de lugar” que hablan de “irregularidades e ilegalidades” que salpican al cuerpo funcionarial de la Ciudad “al que se debe un respeto no solo por parte del Gobierno de la ciudad, sino por todos los grupos políticos”.