El presidente regional del PP y expresidente de Melilla, Juan José Imbroda, acusó ayer al Gobierno regional de “ampararse” en el estado de alarma para negar información a la que tienen derecho los miembros de la Asamblea y evitar que las comisiones se reúnan “como deberían”.
En una rueda de prensa telemática, Imbroda afeó al Ejecutivo melillense por convocar comisiones de una manera “inopinada y con todos los temas a la vez”, impidiendo que la oposición pueda plantear los asuntos que quiera poner sobre la mesa. Además, se quejó de que las comisiones se celebran de una manera “muy limitada”, cuando el Gobierno quiere o el PP, como grupo mayoritario, puede “arrancar” una convocatoria haciendo uso de los derechos que le da el Reglamento de la Asamblea.
A su juicio, si el presidente melillense, Eduardo de Castro se ha posicionado a favor de prolongar el estado de alarma es porque su Gobierno “quiere el estado de alarma para no dar información y que haya opacidad total, para hacer lo que ellos quieran y que no haya comisiones”.
Lo mismo sucede, en su opinión, con el Gobierno central, que “está muy a gusto con el estado de alarma porque menos explicaciones tiene que dar y más atribuciones tiene para limitar los derechos de los españoles”.
Sin embargo, mostró su rechazo a que se prolongue el estado de alarma porque “no se puede dar un día más cuartelillo a que las libertades y derechos fundamentales sean limitados al máximo” como sucede con esta medida, que los coarta “de una manera extraordinaria”. Subrayó que solo un 22 % de los españoles está a favor de que se mantenga.
Promesa
Al hilo, se quejó de que la sociedad pública Proyecto Melilla S.A. (Promesa) lleva dos meses sin presidente, después de la dimisión el 8 de marzo de Julio Liarte, y afirmó que esta situación se debe a que los tres partidos que conforman el Gobierno “se están matando por un puesto”, en mitad de una “pelea por ver quién tiene más atribuciones”.
Ante esta situación, dijo que el PP “se planta” porque Promesa “no puede estar sin un presidente que disponga”, por lo que los populares no asistirán a sus reuniones hasta que no se convoque una para elegir a un nuevo presidente para la sociedad encargada del desarrollo económico y empresarial de la ciudad, algo que puede suceder “en 72 horas”.
Asimismo, rechazó el intento del Gobierno de responsabilizar al PP de que no se puedan aprobar los planes de acción por la ausencia de los representantes populares y recordó al Ejecutivo que son ellos los que tienen esa responsabilidad, si bien “quieren ocultarlo y no traducir a la opinión pública su pelea continua”.
“Disparate” financiero
Al hilo, Imbroda se refirió al plan presentado por el Gobierno para impulsar la economía de Melilla ante la crisis del coronavirus. En palabras del líder popular, es un plan “muy limitado”, pero centró las críticas en las fuentes de financiación, que a su juicio son “un disparate” porque el Gobierno va a emplear un “crédito de tipo calamitoso”, con el que obtendrá 12,5 millones de euros.
Según dijo, esos fondos los obtendrá a finales de 2020, y el Ejecutivo tendrá que devolverlos a finales de 2022 o principios de 2023, lo que unido a los 11 millones que debe devolver cada año, supone que “van a hundir el presupuesto de 2023, y quizá el de 2022”. “Esa es la sensatez y la ingeniería financiera y capacidad de gestión. El PP es marca de gestión y así lo ha demostrado”, sostuvo.
Facturas sin pagar
Por último, desmintió que el anterior Gobierno que él presidía dejara “muchas facturas sin pagar”, como sostiene el actual Ejecutivo.
Respecto a los expedientes del Consejo de Estado “sobre un problema en concreto”, Imbroda aseguró que “se solucionará sin trabas en derecho, como sucedió con el Tribunal de Cuentas” cuando imputó a una quincena de miembros del Gobierno y de la Mesa de Contratación de la Ciudad Autónoma.
“La política de CPM es el clientelismo político”
La situación de enfrentamiento que se da, según Imbroda, en el seno del Gobierno para cubrir la presidencia de Promesa, se repite en el conflicto de competencias que hay entre las consejerías de Políticas Sociales y Distritos, después de que la segunda, dominada por CPM, haya “entrado profundamente en el área social” y se haya “cargado todos los trámites que tienen que pasar por los funcionarios para pedir cualquier tipo de ayudas”.
También en este sentido, Imbroda acusó al Gobierno de “cargarse las subvenciones a las ONG, que son las que saben dónde está la pobreza en esta ciudad”, entre ellas Cáritas y el Banco de Alimentos, en lugar de apoyarlas “para que puedan ir donde hay más dolor”, algo que responde a un intento de “controlar esas ayudas con un ánimo de hacer clientelismo político”.
El líder popular acusó a CPM de practicar esa política para “devolver favores prestados a amigos en concreto y gente que ha trabajado de activistas con ellos”, aunque también ha responsabilizado a los dos otros socios de Gobierno, PSOE y Ciudadanos, por permitirlo y “estar alrededor del Sol, que es Mustafa Aberchán y CPM”. “No hay una política cohesionada que vaya en beneficio de la ciudad”, lamentó el líder popular.
Responde a Ahmed: “El PP es el que va a denunciar el tema de Rostrogordo”
El presidente regional del PP, Juan José Imbroda, negó que el Gabinete Jurídico de la Ciudad Autónoma vaya a denunciar al secretario general del PP, Miguel Marín, por sus declaraciones sobre el centro de menores del Fuerte de Rostrogordo, como ha anunciado el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed. “El Gabinete Jurídico no está para denunciar a diputados. Quienes vamos a denunciar el tema somos nosotros, el PP, porque huele mucho”, aseveró Imbroda, que acusó a CPM de mentir cuando “saca fotos de la Purísima para decir que no tiene más remedio” que crear otro centro en los Pinos “por el hacinamiento”. “Es verdad que están hacinados, pero se ha hecho lo que se podía con informes de la Fiscalía”, dejó claro.
