El Centro de Investigaciones Socialistas y el ingreso mínimo vital

El coronavirus impulsa al PSOE, que lograría un 31% de los votos, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del país que tiene más infectados sanitarios y muertes per cápita del mundo, es decir, el presidente que, probablemente, peor ha gestionado la crisis del coronavirus del mundo, es el político mejor valorado. Dejando las estimaciones de voto y la supuesta valoración del presidente a un lado, sorprenden esas cifras cuando se comparan con las cifras de marzo, mes en el que se decretó el Estado de Alarma, y en el que los datos del CIS eran los siguientes: el 8.5% consideraba la situación económica del país buena o muy buena, y el 36.6% su situación económica como buena o muy buena. Es decir, tras aprobar el Estado de alarma, que 122.000 empresas hayan desaparecido (sólo en marzo), que más de 4 millones de trabajadores se hayan tenido que acoger a un ERTE, que 1,12 millones de autónomos hayan tenido que solicitar ayuda por cese de actividad, y otros 3,7 millones estén parados, los ciudadanos españoles ven la situación económica mucho mejor que hace dos meses, cuando las medidas de confinamiento se estaban empezando a implementar, e incluso mejor que nunca antes en la historia de la democracia. Una manipulación de datos propia de un narcoestado, y una tomadura de pelo que, unida a la nefasta gestión de la crisis, enfada a muchos.

El CIS ya ha perdido la poca credibilidad que le quedaba y ha puesto de manifiesto, una vez más, el afán de este gobierno con usar dinero público con fines políticos. No fue suficiente con inventarse supuestos rankings en los que España salía entre los países que más test había hecho del mundo, para después quedar en evidencia cuando la CNN alertó que dicho ranking no existía, tampoco con inflar los datos de test efectuados para figurar en el top 10 del ranking de la OCDE y luego presumir de ello en rueda de prensa, para después quedar en evidencia cuando se descubrió que las autoridades españolas incluyeron test PCR y anticuerpos en los datos, mientras que el ranking sólo recogía test PCR. Ni siquiera con borrar documentos de la página web del ministerio de sanidad de principios de Febrero, firmados por el mismísimo Fernando Simón, en los que ya se alertaba del peligro del coronavirus. Nunca es suficiente para un gobierno que, a falta de medidas efectivas para cada uno de los problemas a los que se enfrenta, tiene que recurrir a maquillar u ocultar su inutilidad supina con mentiras constantes que cada vez menos se creen.

Anuncia el gobierno que a partir de junio se empezará a cobrar el ingreso mínimo vital. Este ingreso, se estima, tendrá un coste anual de 3500 millones de euros, o un 0.3% del PIB. Es una propuesta distinta a la renta básica universal, pues no todo el mundo va a recibir una determinada cantidad de dinero, sino que los receptores serán aquellos que apenas hayan tenido ingresos en 2019, de más de 23 y menos de 65 años, que no tengan una casa en propiedad valorada en más de 100.000 euros, y que estén buscando activamente empleo. Es un ingreso dirigido a hogares y no a personas. Complementará el resto de los ingresos de aquellas personas que cualifiquen para adquirir la ayuda, y puede ascender hasta un máximo de 1.015 euros en los casos en los que haya dos adultos y tres o más niños (no quiere decir que se les vaya a dar 1.015 euros, sino un complemento que haga que sus ingresos lleguen a 1015 euros) en el hogar. Esta ayuda complementará a la renta mínima de inserción que ya ofrecen las comunidades autónomas. En principio, si se añadiesen instrumentos para incentivar la búsqueda de empleo, y se usase dinero de otras partidas para financiarla, esta medida no tendría porqué ser un problema. El primer problema es que van a subir los impuestos o van a endeudarnos para financiarlo. El segundo problema es que no se puede cargar una economía de costes fijos mientras, se espera, el PIB caiga casi un 13% este año. El tercer problema es que no se pretende recortar ni un céntimo de los 25.000 millones de euros anuales que nos cuenta “la industria política”. El cuarto, que no se toman medidas de calado para dotar con flexibilidad a las empresas, y así asegurar que el mayor número de ellas sobrevivan los efectos económicos de esta pandemia y, por tanto, el menor número de ciudadanos acabe necesitando vivir de prestaciones públicas. Lo contrario a lo que se obtendría en caso de derogarse la reforma laboral, una reforma que dota a las empresas de algo de flexibilidad, al permitir que los convenios trabajadores-empresa prevalezcan a los convenios sectoriales, y al permitir que pymes en dificultades puedan desmarcarse de dichos convenios entre sindicatos y patronal. Una reforma laboral que, en la crisis de 2008, evitó la destrucción de un millón de puestos de trabajo, y que si se hubiese implementado antes, concretamente en 2008, hubiese evitado la destrucción de dos millones de puestos de trabajo. El gobierno no puede contribuir a la destrucción de empresas y después presentarse como los salvadores, es decir, no puede darte con un bate en la cabeza y después darte hielo para que te baje la hinchazón. Toda política social podrá ser posible únicamente si se crea riqueza desde el sector privado, y para ello es necesario reducir impuestos, reducir gastos discrecionales, y atraer inversión, la que sea. Algo, que en el caso particular de Melilla tiene que venir la mano de empresas como SODEMEL.