La sección sindical de UGT Melilla no descarta llevar a cabo movilizaciones si el Gobierno local no atiende a las reivindicaciones tanto sociales como económicas de los 2.000 empleados públicos de la Ciudad Autónoma. Por un lado, solicitan volver al Convenio Colectivo y el Acuerdo Marco anterior además de cumplir con el acuerdo firmado el año pasado con el Partido Popular sobre la subida salarial de la Policía Local y la restructuración del servicio. El sindicato exige que se realice una valoración de todos los puestos de trabajo de la CAM porque la actual es de hace 20 años y deben de recogerse si ha habido cambios o mejoras. También, quieren saber qué masa salarial va a disponer el Gobierno para poder negociar. El secretario general de UGT Melilla, Francisco Díaz, explicó que quieren denunciar cuál es la situación laboral de los cerca de 2.000 empleados públicos de la Ciudad Autónoma cuando el Gobierno local ya ha cumplido un año de mandato. Indicó que han mantenido reuniones con el Ejecutivo, le han trasladado las peticiones que tenían desde el sindicato y a partir de ahora se las van a exigir.
En primer lugar, solicitan que se respete cualquier acuerdo que se haya firmado anteriormente ya que son los agentes sociales los que firman con el Gobierno no con partidos políticos y “la institución debe respetar los acuerdos que se firman”. Puso de ejemplo el acuerdo que se firmó con el Partido Popular en mayo de 2019 con la Policía Loca con una serie de mejoras económicas y una reestructuración del servicio. También, se acordó una valoración de puestos de trabajo del resto de empleados públicos de la Ciudad Autónoma.
El sindicato ha propuesto que se volviera a la situación de relación laboral que tenían con la administración antes del 2012, volver al Convenio Colectivo y al Acuerdo Marco anterior.
“Si el Gobierno no toma la decisión de volver a esta situación, se trasladará al resto de funcionarios y empleados públicos cuál es la situación real porque UGT no puede estar pendiente de si hay o no consenso, si es para bien, entrará a negociar y sino, se reivindicará”, dejó claro.
Díaz entiende que ya se debería de tener una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero “todavía no la tenemos, debemos de saber cuál es el montante de la masa salarial que se dispone para poder negociar”.
Remarcó que el Gobierno local se va a gastar 34 millones de euros en dos años para ayudar a las empresas. “Nos parece bien, pero los empleados públicos de la Ciudad también, que escuchen las reivindicaciones porque pueden ayudar a levantar la ciudad con su consumo”, dijo.
El secretario general de UGT recordó que el Ejecutivo va a recibir 39 millones de euros del Gobierno de la nación y quieren participar en el reparto porque cree que un año de Gobierno es “lo suficiente amplio para que tengan sus cuentas hechas y lo que esté dispuesto a negociar con la representación sindical y no con las peticiones individuales de cada uno”.
El sindicato ha mandado diversos escritos y si en un tiempo prudencial de 10 días no tienen noticias del Gobierno local, emprenderán las “acciones necesarias” para que los escuchen como realizando una asamblea informativa, recoger un documento firmado por los funcionarios y empleados públicos y sino, llevarán a cabo movilizaciones.
“No hay coordinación en las Consejerías”
Francisco Téllez, secretario de Organización de UGT, expuso que hay una falta de coordinación entre las diferentes Consejerías ya que cuando se toma una decisión en el seno de las mesas negociadoras, se le traslada y “dependiendo del director general se toma una decisión”. Indicó que las nuevas incorporaciones paulatinas a los puestos de trabajo dependiendo del director ha dicho que entren a las 8:00 o a las 9:00 horas cuando “eso no es lo que se acordó con los horarios de entrada y de salida”.
Explicó que todos los meses a los empleados públicos se les hace el descuento de la cuota sindical directamente en nómina, el Ayuntamiento se queda con ese dinero y hace una transferencia al sindicato. Antes de la pandemia, aclaró que solían tardar unos dos meses en realizar esa transferencia, desde primeros de año llevan un retraso de 4 meses de esas cuotas.
Además, Téllez contó que una Consejería de la Ciudad Autónoma mandó una circular diciendo que los empleados públicos este año deben cogerse 15 días de vacaciones entre julio y agosto. “Eso no viene recogido ni en el convenio, ni en el acuerdo y no se ha decidido con la parte social, sino que ha sido una decisión unilateral de una Consejería en concreto”, sostuvo.
