Publica El Español que Estados Unidos podría imponer 900 millones de euros a España en aranceles como respuesta a la tasa google. La tasa google es un impuesto que se dirige a aquellas empresas tecnológicas que facturan más de 750 millones de euros en España con el fin de gravar la intermediación digital y la publicidad online . El tributo gravará el 3% de la facturación en España por servicios digitales de estas empresas tecnológicas, y el gobierno espera recaudar en torno a 1200 millones de euros. Las empresas afectadas ya han comunicado que este impuesto se va a repercutir a sus clientes, es decir, se va a encarecer en un 3% el proceso de digitalización de las empresas españolas. Para vender un producto online, las empresas deben contar con una estructura logística que garantice el rápido envío de mercancías, la seguridad en el pago y cobro por los productos, devoluciones, llegar al nicho de mercado al que se pretende llegar, etc. Y todo esto supone un coste al que las pymes no pueden hacer frente. Es por ello por lo que estas empresas ofrecen sus productos a empresas como Amazon, Google o Facebook, empresas que actúan como intermediarios y que permiten que pequeñas y medianas empresas lleguen a un mercado mucho más amplio del que podrían acceder sin anunciarse en internet. La imposición de esta tasa lo único que hará será encarecer el proceso de digitalización, tan necesario por otro lado, de las pymes españolas, haciéndolas menos competitivas frente a otras empresas que no tengan que pagar dicho tributo. ¿Qué se pretende conseguir? Aumentar la recaudación del Estado. ¿Qué se consigue? Frenar la digitalización y limitar la competitividad de aquellas empresas que necesitan de intermediarios financieros para anunciarse y vender sus productos, es decir, las pymes, y perjudicar a aquellos sectores que exporten sus productos al mercado estadounidense que, como medida de represalia, verán los aranceles a la exportación de sus productos incrementarse a la vez que sus beneficios caen estrepitosamente.
Hablando de tasas, el desgobierno PSOE-podemos aprobó la Tasa Tobin la semana pasada en el congreso. La tasa es un impuesto sobre la compraventa de acciones en aquellas empresas españolas con una capitalización superior a los 1000 millones de euros. El impuesto es del 0.2% a la hora de comprar y del 0.2% a la hora de vender, es decir, un total del 0.4%, y se espera recaudar en torno a 400 millones de euros (el déficit de este año se espera que sea de 100.000 millones). Los problemas de esta tasa son muchos. Es necesario entender que, como explica Juan Ramón Rallo, amasar ahorro y después transformar ese ahorro en inversión es la única forma de que una economía prospere. Pues bien, una tasa que grave precisamente la canalización del ahorro hacia los mercados financieros conseguirá justo lo contrario y dificultará la financiación de aquellas empresas afectadas. El fin último de la medida es hacer desaparecer a aquellos “traders” que hacen operaciones a muy corto plazo aprovechando pequeñas fluctuaciones en los precios para ganar dinero. Se les acusa de causar inestabilidad en el mercado a corto plazo, y se busca limitar la inversión en empresas únicamente a aquellos que verdaderamente apuesten por la capacidad de dicha empresa para generar una rentabilidad a medio o largo plazo. El problema radica en que los traders proporcionan liquidez, es decir, aquellos inversores a largo plazo que quieran vender sus acciones hoy pueden hacerlo gracias a que estos “especuladores” están dispuestos a adquirir acciones diariamente. ¿Qué pasaría si estos traders desapareciesen? Pues que aquellas personas que quieran deshacerse de sus acciones tendrían que esperar a que una persona decidiese invertir a largo plazo en esa misma empresa justo en el momento en el que el accionista quiere vender. Como esto no ocurriría casi nunca, el accionista que quiera deshacerse de sus posiciones tendrá que deshacerse de ellas ofreciendo un elevado descuento, atrayendo así compradores. En resumidas cuentas, esta tasa dificultará la capacidad de financiación de las empresas afectadas (al menos en el mercado español), afectará a aquellos ahorradores con acciones (el 10% de los españoles) pues sus activos se volverán menos líquidos, y finalmente dificultará el progreso económico, pues la canalización del ahorro a los mercados financieros se verá entorpecida.
Cuando estas políticas causen miseria, y España sea el país europeo al que más le afecte la crisis económica, dirán que el problema es de los que defraudan y que es necesaria una mayor intervención. La realidad es que no se puede gobernar peor.
