No es justo, aunque presidente y consejera consideren lo contrario, porque la Policía Local aspira a que se equiparen sus condiciones a las del resto de cuerpos de seguridad que hay en España y este Gobierno se lo niega, a pesar de que la consejera de Hacienda ya ha dicho que no hay obstáculos presupuestarios para aplicar el acuerdo. Se trata, por lo tanto, de una falta de voluntad política que Rojas y De Castro aún no han explicado El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo De Castro, en sus tiempos de diputado de la oposición, mostraba una preocupación infinita por la seguridad. Los datos de criminalidad, la sensación de inseguridad de los ciudadanos, las condiciones de trabajo de los cuerpos de seguridad de ámbito estatal y local y, en definitiva, los diversos problemas que afectan a este ámbito, que no son pocos, formaban casi siempre parte de su discurso. Quizá por eso no fue extraño que él asumiera las competencias de la Consejería de Seguridad Ciudadana, aunque sí llamara la atención la decisión de eliminarla. Formaba parte del cambio.
Sin embargo, no puede decirse que los trabajadores que dependen del presidente, que son buena parte de los encargados de velar por la seguridad de todos los melillenses, estén muy contentos con el papel que está ejerciendo. En este primer año de Gobierno no ha hecho más que enfrentarse directamente con ellos. Sonados han sido sus desencuentros con policías locales, a los que llegó incluso a echar de un pleno al que asistían como público. También se negó a recibir a bomberos que acudieron a su despacho para hacerle llegar las carencias urgentes que sufrían. Y qué decir de los Agentes de Movilidad, a cuyos aspirantes en la bolsa los ha desterrado al olvido. Los únicos que, por ahora, se han salvado del desencuentro con De Castro han sido los miembros de Protección Civil.
A raíz de la contratación de voluntarios de este cuerpo para controlar las playas, en las redes es cada vez más frecuente el comentario de que De Castro solo tiene ojos para Protección Civil. No es que no lo merezcan, porque hacen una labor importante, pero lo deseable es que esa predisposición a mejorar las condiciones sea la misma para todos, algo que no sienten en la Policía Local, Bomberos ni Agentes de Movilidad, lo cual es preocupante, porque hay que procurar cuidar y motivar a quienes nos protegen. En sus manos está la seguridad y tranquilidad de todos, y han demostrado estar a la altura en los peores momentos, varios de ellos muy recientes, como el terremoto o la pandemia en la que aún estamos inmersos.
Por eso no parece acertada la decisión de no aplicar el acuerdo de mejora de las condiciones de la Policía Local. No hay que perder de vista que, al haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de Melilla, es norma y debe llevarse a cabo. De Castro y Gloria Rojas consideran que “la solución más justa” es no aplicar el acuerdo e intentar contentar a la Policía Local con una valoración de puestos de trabajo para todos los funcionarios de la Ciudad Autónoma, obviando la práctica totalidad de las reivindicaciones que estaban contempladas en aquel acuerdo, que abarcan muchas más cuestiones, aparte de la salarial. No es justo, aunque presidente y consejera consideren lo contrario, porque la Policía Local aspira a que se equiparen sus condiciones a las del resto de cuerpos de seguridad que hay en España y este Gobierno se lo niega, a pesar de que la consejera de Hacienda ya ha dicho que no hay obstáculos presupuestarios para aplicar el acuerdo. Se trata, por lo tanto, de una falta de voluntad política que Rojas y De Castro aún no han explicado, como tampoco solucionan la falta de personal, ya que las 32 plazas que en teoría saldrán a oposición en septiembre son de la OPE del año pasado y del anterior Gobierno del PP. Estos gestos son los que denotan la verdadera preocupación por la seguridad y no las muchas palabras que ambos, desde la oposición, dedicaron a este tema.
