La Comisión de Presidencia y Administración Pública ha aprobado por unanimidad el nuevo contrato de vigilancia de dependencias municipales, que aumentará su presupuesto en 1,5 millones de euros al año, llegando a los 4,8 por el incremento de horas de servicio, que permitirá un refuerzo de la plantilla de casi el 40 %. En rueda de prensa, la consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, informó que la plantilla de este servicio está compuesta actualmente por unos 145 vigilantes, que podrían llegar a unos 200, aproximadamente, si bien puntualizó que ello dependerá de la empresa que finalmente resulte adjudicataria. Según apuntó, ese refuerzo de la plantilla se debe a que el contrato contempla un mayor número de horas de servicio que el que está vigente actualmente, debido a que incorpora la obligación de prestar vigilancia en determinadas zonas y dependencias de la Ciudad Autónoma a petición de las diferentes consejerías. En concreto, el centro de acogida de menores de La Purísima contará con cuatro vigilantes más que ahora en el turno de noche, un refuerzo que también se va a realizar en el mismo horario en el Palacio de la Asamblea.
Asimismo, habrá mayor vigilancia en determinados elementos del patrimonio histórico artístico, como los fuertes de Victoria Grande y del Rosario, y Melilla la Vieja, así como en el centro de drogodependientes, donde no se prestaba este servicio anteriormente, y en el centro de atención integral a las familias en el Paseo Marítimo.
El cuartel de Santiago, el Centro Asistencial y la Playa de los Galápagos son los otros tres puntos para los que este pliego de condiciones contempla un refuerzo de este servicio público para adaptarlo a las necesidades actuales.
Los trabajadores se subrogan
La consejera destacó especialmente que, a la hora de redactar el pliego, se ha tenido en cuenta el cumplimiento del convenio colectivo sectorial de las empresas de seguridad, de manera que los trabajadores que prestan servicio actualmente serán subrogados, razón por la que ha querido transmitirles tranquilidad después de “la alarma” generada a mediados de febrero en este sentido.
Asimismo, se les aplicará la bonificación del 50 % en la cuota de la Seguridad Social y estos trabajadores tendrán reconocido el plus de residencia en sus condiciones laborales.
Rojas indicó que este pliego de condiciones, que tiene una duración de dos años, prorrogables por otros dos, ha contado en su elaboración con la colaboración de los grupos de la oposición, a los que quiso dar las gracias por sus aportaciones y el apoyo al que ha considerado un buen contrato.
Tras recibir este lunes luz verde en la comisión, ahora tendrá que pasar al pleno de la Asamblea, algo que confió que suceda en el próximo que se convoque, antes de que pueda salir a licitación y sea adjudicado en un plazo que podría ser de unos dos meses.
