La diputada local del PP, Esther Donoso, exigió ayer explicaciones a la consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, en torno al contrato negociado sin publicidad por dos millones de euros suscrito con la empresa Sureste Seguridad, que es la adjudicataria del servicio de vigilancia privada en la Ciudad Autónoma, cuando ya cuenta con una prórroga del contrato desde hace meses. Manifestó Donoso que Gloria Rojas vive “en los mundos de Yupi, y para ella todo es perfecto” pero que cuando anunció este martes que se había aprobado el pliego del nuevo contrato de vigilancia de las dependencias municipales que se espera pueda estar para el tercer trimestre del año, no dio demasiadas explicaciones sobre la situación actual.
Antecedentes
Recordó la diputada local del PP que en agosto de 2019 este contrato quedó sobre la mesa porque el grupo popular advirtió de que incluía “cláusulas con errores, por ejemplo, en el número de horas y los salarios”.
Lamenta que en un año no se haya modificado el texto de un contrato que “ya podría estar en vigor”, obligando a tener que recurrir en este tiempo a una prórroga con la misma empresa Sureste Seguridad que venía prestando el servicio hasta que se adjudicara el servicio con los nuevos pliegos.
“A dedo”
“Pero no contentos con eso, en marzo se hizo un negociado sin publicidad con esta misma empresa que tiene un contrato en vigor en prórroga, por un importe de dos millones de euros”, denunció Donoso. “Gloria Rojas tiene que explicar cómo se come un negociado sin publicidad, con un solo licitador, por un importe superior a 2 millones y con un contrato en vigor hasta que se adjudique el nuevo servicio”, manifiesta.
Considera la diputada local del PP que existen dudas de peso en todo este asunto que debe aclarar la consejera de Presidencia. Reitera que Gloria Rojas no solo tiene que profundizar en el contenido del nuevo pliego del concurso que se abre ahora y que en noviembre finalizará con la adjudicación del servicio de vigilancia, sino detallar por qué “se recurre a un negociado sin publicidad cuando ya existía una prórroga del contrato en vigor con la misma empresa que presta el servicio, porque no queda claro”.
Apostilla la diputada local del grupo popular en la Asamblea de Melilla, que el Gobierno tripartito, “el del desgobierno”, que se “erigían como adalid de la transparencia, hacen todo lo contrario”, afirma.
