Un ciudadano ha explicado la mala experiencia que está teniendo para resolver un litigio contra otro ciudadano, que le agredió́ sin previo aviso en la vía pública. El lector culpa a un miembro de la policía judicial “al no haber actuado con diligencia para secuestrar las imágenes que pudiesen haber sido recogidos por una cámara de videovigilancia que se encontraba en la zona donde fue agredido”. En la denuncia presentado por dicho ciudadano recoge la presencia de dicha cámara y que insistió con todos los detalles su ubicación cuando dicho funcionario le llamó por teléfono para investigar su localización dos días más tarde de haber presentado la denuncia. Según el melillense cuestiona que “el funcionario que debió́ realizar las gestiones para secuestrar las imágenes y enviarlas al juzgado pertinente, que lamentablemente no hizo provocándole graves perjuicios “. “¿Por qué no hizo las gestiones? ¿Qué se lo impedía cuando es sabido que dichas imágenes solo estarían presentes como máximo durante 15 días y que posteriormente se eliminaría automáticamente? Según el ciudadano dicha cámara de vídeo vigilancia pertenece a la Consejería de Seguridad ciudadana de la CAM, cuya función está relacionado para cuestiones de tráfico, pero por obligaciones legales estarían disponibles para el esclarecimiento de delitos. Según el ciudadano melillense sigue diciendo que “el agresor en sí no es la primera vez que le agrede sin previo aviso”, sino un “mes antes también sufrí otra agresión con lesiones y que no fue denunciado por respeto a tres ciudadanos melillenses jubilados muy conocidos en la zona donde me encontraba dialogando con ellos y que me pidieron que no lo denunciase”. Sin embargo, ha señalado que “mucho más tarde me entero que desde la Comisaria provincial realizan una ampliación del atestado diciendo que no existe cámara alguna en la zona”. En este sentido señala el ciudadano que “en esos momentos confío en que dicho miembro de la policía habría realizado las oportunas diligencias encontrando quizás la no operatividad de la cámara videovigilancia y que nada más lejos de la realidad cuando sí estaba operativo durante aquellos tiempos como demuestra un certificado de la CAM al respecto”. El ciudadano continúa diciendo que “por pura casualidad y por mi carácter, mucho más tarde solicito por escrito a la Ciudad Autónoma de Melilla sobre la operatividad de la cámara, notificándome por escrito, mediante certificado, cuyo contenido pone de manifiesto, la presencia de dicha cámara cerca del lugar de los hechos y su operatividad ya que a pesar del tiempo transcurrido me trasladan que no tienen constancia de que no funcionase, es decir que funcionaba”. A juicio del ciudadano, “me hubiera ahorrado muchas molestias si el miembro de la policía judicial en cuestión hubiese hecho bien su trabajo habiendo solicitado judicialmente en esos momentos el video para visualizar la agresión ya que más tarde se borra y que el deber de la policía judicial es investigar delitos con todas las herramientas a su disposición”. Continúa diciendo que “hubiese sido pillado infraganti el agresor con las imágenes del vídeo de la cámara de videovigilancia, máxime cuando el agresor presenta también una denuncia contra dicho ciudadano por agresión, cuestión que hubiera quedado zanjado mediante las imágenes que estuviesen recogidos en el vídeo poniendo de relieve de quien agrede a quien y su intento de engañar a la justicia” “Me hubiese ahorrado testigos y tiempo en desgranar su engaño” En resumen, el ciudadano expone que “el problema grave que quiero evidenciar es la mala diligencia de un miembro de la policía que ha supuesto la pérdida de una prueba fundamental y que nada tiene que ver con el gran trabajo del conjunto de los miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por lo que aprovecho para solicitar a los miembros del CNP que sigan actuando con diligencia como hasta ahora se ha hecho y que desplacen a aquellos que no actúen con la debida diligencia en cuestiones fundamentales a otros departamentos con menores consecuencias para los ciudadanos”.
