Los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla pueden solicitar ya acogerse a la posibilidad de desempeñar sus funciones mediante el teletrabajo si las condiciones de su puesto lo posibilitan, siempre y cuando estén dentro de un grupo vulnerable de salud o lo necesiten para conciliar su vida laboral y familiar. La consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, informó en rueda de prensa de que esto será posible después de que la Ciudad Autónoma haya adaptado a sus circunstancias la normativa nacional sobre el teletrabajo que ha llevado a cabo el Ministerio de Función Pública.
Para ello, la Ciudad Autónoma ha llegado a un consenso con los sindicatos que tienen representación en dicha administración, como UGT, CCOO, CSIF y USTM, a quienes la consejera ha agradecido su labor e interés.
La regulación del teletrabajo, que fue publicada el pasado viernes en el BOME, permite dos modalidades, una si la prestación del servicio es presencial, que podrá ser compaginada con la no presencial hasta un 20 % de la jornada semanal; y otra si dicha prestación es no presencial, que deberá compaginar con un 20 % de trabajo presencial.
En cuanto a la primera, Rojas explicó que los empleados públicos podrán teletrabajar un día a la semana y acudir a su puesto de forma presencial los otros cuatro, mientras que en la segunda, será al revés, ya que podrán teletrabajar cuatro días y acudir a su puesto uno.
Unos 400 empleados se acogieron al teletrabajo en el estado de alarma
Podrán acogerse al teletrabajo los empleados públicos que ya lo hicieron durante el estado de alarma por el coronavirus, que fueron unos 400, previa solicitud a los directores generales o jefes de negociado de cada ámbito de la Administración, que después deberá pasar a los consejeros.
Los funcionarios que lo pidan por estar en un grupo vulnerable deberán solicitar un informe del Gabinete de Prevención de Salud Laboral de la Ciudad Autónoma, aunque también podrán solicitarlo aquellos que tengan menores de 14 años a su cargo o tengan que cuidar de personas dependientes o mayores por el cierre de la residencia o alguna institución.
Podrán acogerse los trabajadores de los planes de empleo, pero no los de las empresas externas con servicios adjudicados por la Ciudad Autónoma.
