La Asamblea de Melilla aprobó ayer por unanimidad el nuevo contrato de vigilancia en dependencias municipales de la Ciudad Autónoma, al que dicha administración destinará más de 19,2 millones de euros y que reforzará el servicio que ya se estaba prestando con la contratación de 50 vigilantes más. La consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, explicó que dicho aumento de personal se debe a que el pliego recoge 13.000 horas más de servicio, lo que también ha requerido un incremento presupuestario respecto a los anteriores contratos para atender las necesidades de las diferentes consejerías. Algunos de los lugares donde habrá más vigilancia privada gracias a este contrato serán el centro de acogida de menores de La Purísima y el Palacio de la Asamblea, y también en algunos puntos del patrimonio histórico artístico de la ciudad, como Melilla la Vieja o el Fuerte del Rosario.
También destacó que este pliego, que tendrá una duración de dos años, prorrogable por otros dos, cumple necesidades sociales como el reparto de la bonificación de la Seguridad Social, el plus de residencia y todo lo acordado en el convenio colectivo de seguridad privada.
“Es un buen pliego, ajustado a las necesidades de la ciudad y lo que queremos es que salga ya a licitación y se hagan todas las mejoras que seguro surgirán”, señaló Rojas durante su intervención en el pleno de la Asamblea, donde dejó claro que este asunto “no se puede demorar más” después de haber “dado vueltas mucho tiempo”.
10,5 meses
Rojas respondió así al diputado del PP Manuel Ángel Quevedo, que también incidió en esa cuestión al apuntar que la anterior consejera de Presidencia, Paula Villalobos, llevó este asunto a comisión el 16 de agosto del año pasado para su aprobación de forma urgente pero, debido a los fallos que tenía, hubo que dejarlo sobre la mesa.
Pese a que era urgente, Quevedo criticó que no se haya terminado de tramitar este asunto hasta 10,5 meses después, por lo que lamentó que el “amplio recorrido” en la gestión de este asunto, motivado por “la dejadez” del Gobierno local, podría haber evitado mantener el servicio con dos prórrogas y un negociado sin publicidad.
La consejera admitió que no le gustó tener que sacar el contrato mediante un negociado sin publicidad, pero instó al PP a que no le dé lecciones porque ello ha sido fruto de “innumerables motivos” y porque los populares “han dejado una administración muy mal en muchos aspectos” después de años en el Gobierno.
En este punto, pidió a la diputada popular y exconsejera de Hacienda Esther Donoso que tenga “mucho cuidado” con “ese tipo de comentarios” que hace cuando la acusa de haber adjudicado a dedo el negociado sin publicidad, ya que recordó que contaba con el informe favorable del secretario técnico y del interventor.
Además, recordó que el PP también hizo dos negociados sin publicidad para adjudicar este mismo servicio en su etapa de gobierno, a lo que Quevedo respondió en su turno de réplica que fue porque se vio paralizado por el Tribunal de Recursos Contractuales, cosa que no ha sucedido en esta ocasión.
Sin embargo, Rojas, en este punto, precisó a Quevedo que eso sucedió con el segundo negociado sin publicidad, no así con el primero.
Al hilo, Quevedo también afeó que la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, hubiera criticado minutos antes los negociados sin publicidad que hizo el PP en las anteriores legislaturas pero dé por buenos los que se han hecho en esta, ya que supone “decir una cosa y la contraria el mismo día y a la misma hora”.
No fue la única discrepancia entre ambos, pese a estar de acuerdo en el sentido del voto, ya que el diputado del PP también puso en duda que se vayan a contratar a 50 vigilantes más porque “como mucho, serán veintipico” a jornada completa, aunque a jornada parcial “pueden ser los que se quiera”.
