El Gobierno de Melilla se comprometió ayer a “fortalecer” el servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma para que pueda llevar a cabo un mejor control de la gestión del dinero público, fiscalizando así “todo lo que se hace en esta administración”. La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, avanzó además que el primer objetivo será llevar a cabo un plan de acción, “como establece la normativa”, de modo que “las irregularidades anteriores se dejen de cometer”, habida cuenta que en la Ciudad Autónoma existe “un vicio tremendo” y “cuesta mucho deshacer costumbres” en la gestión realizada durante los últimos años. Almansouri anunció estas medidas en un pleno extraordinario celebrado ayer en la Asamblea, en el que se dio a conocer el informe de control financiero de gastos e ingresos de los años 2016 y 2017, gestionados por el anterior Gobierno del PP.
“Nefasta planificación”
La consejera destacó que es la primera vez que se lleva al pleno un informe de este tipo, y en este caso concreto, respecto a los años 2016 y 2017, consideró que las cuestiones que se exponen en él “evidencian la nefasta planificación” que se daba en aquellos años en diferentes ámbitos.
Sobre los contratos mayores, destacó la “falta total de seguimiento y control de ejecución de algunos contratos que se han revisado”, algo que “también lo han reflejado el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado en repetidas ocasiones”, mientras que en la contratación menor hay “irregularidades, de forma generalizada, en los expedientes analizados”.
En palabras de Almansouri, dichos contratos menores carecían de expedientes con la capacitación y habilitación profesional y se recurría a dicha fórmula para servicios periódicos, a pesar de que no estaban suficientemente justificados y había no solo deficiencias en la descripción de los objetos, sino “presuntos fraccionamientos de contratos”.
En cuanto al área de Administraciones Públicas, la consejera afirmó que el informe refleja “otro desastre de los grandes” porque “la pasividad de la administración ha permitido numerosas cesiones ilegales de trabajadores”, mientras que las subvenciones carecen de memorias justificativas, relaciones de gastos de actividad y expedientes de reintegro no tramitados.
Donoso: “No habla de ilegalidades”
La intervención de la consejera de Hacienda fue rebatida por su antecesora, la diputada popular Esther Donoso, que dejó claro que el interventor, en su informe, “no habla en ningún momento de ilegalidades cometidas porque no se cometió ninguna en 2016 y 2017”, pues de lo contrario, habrían estado reflejadas en dicho documento.
“Espero que podamos decir lo mismo cuando se traiga el informe del año que llevan ustedes gobernando”, aseveró Donoso al Gobierno formado por CPM, PSOE y Cs, de los que dijo que “tendrán que explicar muchos asuntos, como multitud de fraccionamientos que se están haciendo por parte de Festejos”.
También se preguntó “cómo es posible que se estén formalizando contratos cuando el servicio se ha realizado dos o tres meses antes”, así como negociados sin publicidad que el PP no considera que se ajuste a “la regeneración y la transparencia” que los tres partidos que gobiernan prometieron desde la oposición, ya que “están haciendo todo lo contrario”.
Respecto a las cuestiones referidas por la consejera, Donoso precisó que se podrían “desmontar muchos contratos de los que habla”, como el de vigilancia, que tuvo que realizarse mediante un negociado sin publicidad para evitar que la Ciudad Autónoma se quedara sin el servicio tras la paralización de la licitación por el Tribunal de Recursos Contractuales.
Además, también incidió en que las cuestiones que el Interventor señala sobre contratación menor “son todo recomendaciones”, al tiempo que precisó que “muchas de las afirmaciones recogidas en el informe fueron subsanadas posteriormente por las consejerías cuando remitieron la documentación solicitada”.
Almansouri: “Las ilegalidades las califica el juzgado”
Sin embargo, Almansouri instó al PP a que no dé “lecciones” y tenga “un poco de humildad” porque “parece que no se haya leído el informe de control financiero”, en el que puntualizó que el Interventor “no puede calificar las irregularidades de ilegalidades porque eso solo lo puede hacer un juzgado”.
Además, acusó al anterior Gobierno de superar los 6.000 contratos menores anuales de media, de los cuales unos 2.500 correspondían al área de Festejos, y lamentó que el actual Ejecutivo tenga que buscar la manera de pagar a proveedores por “controles financieros y gestiones mal hechas” en la anterior legislatura.
