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La Ciudad firma el reinicio del nuevo PGOU, que entrará en vigor a principios del año 2022

Momento de la firma del reinicio del PGOU, que tuvo lugar en el PEC

La Ciudad Autónoma de Melilla firmó ayer el reinicio de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que supondrá un coste de unos 170.000 euros y que podría entrar en vigor en enero o febrero de 2022, debido al retraso provocado por la “paralización de la administración” durante la pandemia del coronavirus.

El presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro, firmó ayer el contrato junto al equipo redactor del nuevo PGOU de Melilla, que sustituirá al que está actualmente vigente desde 1995. Dado que han transcurrido 25 años desde entonces, tanto De Castro como el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, coincidieron en que el acto celebrado ayer, donde se hizo una presentación ante representantes de algunas entidades y colectivos de la ciudad, es “un hito importante para Melilla”.
Bussian informó de que, en los próximos cuatro meses, entre julio y octubre, se van a reelaborar los documentos que había sobre la revisión del PGOU con el fin de “aprovechar el camino recorrido hasta la fecha”, habida cuenta que el anterior Gobierno, presidido por el PP, “hizo un intento o dijo que lo iba a aprobar hace 8 años”, dijo De Castro.
Ahora, según el consejero, se va a reiniciar ese trabajo “pero adaptándonos a la nueva normativa” en cuanto a la legislación medioambiental y urbanística, así como a la servidumbre aeronáutica y otros parámetros adaptados a la agenda urbana y la Agenda 2030.

“El devenir de Melilla”
Bussian puso de relieve la importancia que tiene esta revisión del PGOU porque “va a marcar el devenir de Melilla” en cuestiones como el desarrollo económico, social, cultural e industrial, además de en lo que se refiere a la movilidad, la sostenibilidad y la accesibilidad.
En este punto, destacó que la implantación de un nuevo modelo económico pasa por una reordenación urbanística y un nuevo planteamiento “que pueda satisfacer las necesidades de muchos melillenses que llevan casi un cuarto de siglo sin iniciar proyectos empresariales o industriales” debido, precisamente, a la demora del PGOU.
Esta situación también ha afectado a la propia Ciudad Autónoma a la hora de establecer “nuevas infraestructuras estratégicas”, lo que ha agravado el déficit de instalaciones educativas, sanitarias y deportivas, además de zonas verdes.
Todo ello, avanzó Bussian, irá incluido en el nuevo PGOU, con el que se pretende “buscar esos nuevos nichos de mercado en el sector terciario”, resolviendo cuestiones como el desarrollo de Melilla como ciudad universitaria o la búsqueda de una nueva ubicación para industrias pesadas como la planta incineradora o la de energía eléctrica de Endesa.
Todo ello provocará que “otros sectores económicos se dinamicen”, algo importante “en la era post COVID”, apostilló el consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, momento en el que mostró la intención de “dar un mayor protagonismo al peatón en ese escenario” provocado por la pandemia.
En definitiva, el objetivo es buscar “nuevos polos de atracción”, algo importante en un momento en el que Melilla mantiene su frontera cerrada con el entorno marroquí, de ahí la importancia de mostrar el PGOU a los ciudadanos como “un nuevo plan para mejorar su calidad de vida”.

Seguridad nacional
El consejero, ante los periodistas, consideró que reservar demasiado espacio a suelo rústico, como sucede actualmente por tener dicha calificación gran parte del terreno anexo al perímetro fronterizo, “sería contraproducente para la industria de Melilla”.
La liberación de gran parte de los cuarteles permitirá buscar “nuevos espacios” para el desarrollo urbanístico de Melilla, aunque en palabras de Bussian, “hay que conjugar la seguridad nacional con los nuevos proyectos rústicos, industriales y residenciales”, algo de lo que se encargará el equipo redactor del PGOU, habida cuenta que se trata de cuestiones bastante técnicas.

Planning de trabajo
En el acto de ayer, tanto la Ciudad Autónoma como el equipo redactor del PGOU presentaron el planning de trabajo para esta revisión, según el cual el grueso se va a desarrollar en los cuatro próximos meses, tras los cuales se centrará en informes sectoriales relacionados con la ley de costas, el impacto medioambiental, que están “muy avanzados”.
Los documentos que elabore el equipo redactor serán abordados en diferentes comisiones informativas, donde es intención del Gobierno “tender la mano a todos los grupos políticos” de la Asamblea, habida cuenta que el PGOU “es un documento de ciudad”, de manera que serán atendidas las propuestas de los partidos y otros colectivos.
Bussian confió en que se pueda llegar a un consenso en la revisión del PGOU, al tiempo que mostró la intención del Gobierno de atender las alegaciones que se presentaron tras la aprobación inicial en la anterior legislatura y que no fueron resueltas, de manera que se podrán exponer públicamente en el segundo semestre de este año para darles una respuesta.
Durante la tramitación también habrá que mantener conversaciones directas con el ministerio, de quien depende su aprobación final y entrada en vigor, algo que Bussian calcula que ocurrirá entre enero y febrero de 2022.
En cuanto a su validez, el consejero de Infraestructuras apuntó que en otras provincias y autonomías renuevan el plan urbanístico en un plazo de entre 5 y 8 años, habida cuenta que “la sociedad es muy cambiante”, sobre todo con la globalización, ya que “hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, las nuevas formas de vivir y los hábitos saludables”.

Rachid Bussian: “El PP pensaba gastarse 800.000 euros más”

Bussian defendió ayer que la Ciudad Autónoma haya adjudicado el reinicio del nuevo PGOU a la empresa que ya se había hecho cargo de este trabajo en legislaturas anteriores para “aprovechar el camino recorrido adaptándose a la nueva normativa”, lo que, además de ser una muestra de “transparencia”, permitirá que la labor que se lleve a cabo a partir de ahora cueste 170.000 euros.
Adjudicarlo a otra empresa habría supuesto “800.000 euros más”, ya que esta revisión había sido adjudicada por el anterior Gobierno por 600.000 euros, a lo que hay que añadir la indemnización que hubo que pagar a la empresa por una suspensión del servicio de manera injustificada por parte de la administración, después de que este asunto llegara a los tribunales de justicia.
En cambio, el consejero acusó al PP de “querer reiniciar y empezar desde cero”, lo que hubiera sido “una irresponsabilidad por parte del Gobierno” y un desembolso de 800.000 euros.

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Redacción

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