El PP acusó ayer de prevaricación y malversación al Gobierno de Melilla por las “barbaridades” que, según los populares, ha hecho en relación con el centro temporal de acogida de menores en el Fuerte de Rostrogordo durante el estado de alarma. Este asunto centró casi la mitad de las 15 preguntas que el PP presentó ayer durante la celebración del Pleno de Control al Gobierno, casi todas dirigidas al consejero de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, Mohamed Ahmed, quien instó al PP a que “ya puede ir caminando al juzgado” ante el anuncio de dicho partido de acudir a los tribunales.
De hecho, el consejero dejó claro que los diputados del PP “son libres de ir donde crean conveniente si se pueden esclarecer con mayor grado” todas las cuestiones que le plantearon durante la sesión plenaria y sobre las que expresaron sus dudas ante la respuesta que Ahmed fue dando en un debate marcado por la tensión, hasta el punto de que el presidente melillense, Eduardo de Castro, advirtió con un desalojo.
El consejero de Distritos aseveró que el Gobierno de Melilla no se opone “a ese tipo de fiscalizaciones si son necesarias”, en referencia a la vía judicial, que fue aludida de forma constante por diferentes diputados del PP que formularon las preguntas, ya que consideran que la gestión administrativa del nuevo centro de menores tiene irregularidades.
Una de ellas, según el PP, se habría dado en la adjudicación “a dedo” de la gestión integral del centro de acogida temporal de menores en Rostrogordo, un camping municipal donde en abril, durante el estado de alarma, fueron trasladados 150 menores del centro de menores de La Purísima, con previsión de otros 50 en caso necesario de aislamiento para guardar cuarentena por coronavirus.
El diputado del PP Manuel Ángel Quevedo se preguntó “cómo es posible” que la Consejería de Distritos empezara a abonar facturas desde el 8 de abril por dicho centro de menores cuando la contratación por emergencia no fue autorizada hasta el 15 de abril por el presidente y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, y el contrato no fue formalizado hasta el 23 de abril.
“Usted está pagando por trabajadores que no hay, por menores que no existen y duplicando gastos, porque está pagando dos veces por atender a los mismos menores en el centro de la Purísima y el de Rostrogordo. Lo que está haciendo es brutal”, advirtió Quevedo, al que se unió en otra pregunta el portavoz del PP, Miguel Marín, al considerar esto “incomprensible”.
En este punto, el portavoz popular afirmó que el Gobierno de Melilla ha abonado 8.000 euros al día a la empresa adjudicataria por atender a 200 menores en el centro temporal de Rostrogordo y contratar a 56 trabajadores. Concretamente, en el mes de abril, la Ciudad Autónoma abonó 193.562 euros de este contrato por 23 días, a contabilizar desde el día 8 de ese mes; y 248.560 euros en mayo por el mes completo.
“¿Por qué en el centro de la Purísima se paga 719 euros al mes por menor, y en Rostrogordo 1.380 euros mensuales?”, quiso saber Marín al subrayar que la atención que se ofrece en el centro temporal es un 83 % más elevado que en el centro de acogida habitual de la Purísima, lo que supone “casi el doble de dinero público”.
Marín recordó que se trata de dinero público y “no se puede dilapidar incumpliendo las normas básicas de los procedimientos administrativos”.
Selección de la empresa
Por su parte, Quevedo centró su cuestión en la selección de la empresa, sobre la que destacó su falta de solvencia económica y técnica, además de objeto social para hacerse cargo del servicio.
Así, Quevedo aseguró que dicha empresa no tiene experiencia alguna en atención de menores, ya que su objeto social es la limpieza de colectores y su experiencia es que “de vez en cuando hace alguna para el Ejército”, además de que su plantilla era de solo 2 trabajadores y su facturación, de 100.000 euros anuales, pasando ahora a una plantilla de 56 por un servicio de 3 millones de euros al año, “30 veces superior”.
El diputado cree que el Gobierno “está tomando el pelo a los melillenses” al recordar que, pese a ser un contrato adjudicado por la vía de emergencia, “no puede saltarse la solvencia técnica ni económica ni el objeto social” y, además, en Melilla “hay 5 o 7 empresas en Melilla con cientos de trabajadores”, si bien “han contratado a esta empresa por lo que ustedes y todos los melillenses saben”.
Ahmed dice que sondeó
El consejero de Distritos respondió que, aunque el Gobierno podía adjudicar “de una forma directa para estas situaciones”, se preocupó de buscar y valorar ofertas que tenían posibilidad de llevar a cabo este servicio y se comunicó con varias empresas, aunque finalmente se optó por la actual adjudicataria por las “dificultades” que encontró en el resto para realizarlo.
En cualquier caso, dijo no entender que la oposición “esté en contra de que una empresa local puesta prestar el servicio” y dejó claro que la adjudicataria, con la que se hizo una contratación con comunicación verbal para luego formalizarlo con un procedimiento, “como permite la ley”, cumple las condiciones que debe recoger un centro de menores.
Además, recordó al PP que, cuando tuvo responsabilidad de Gobierno, también recurrió a empresas sin experiencia para la contratación de servicios en el Teatro Kursaal, lo que fue objeto de análisis en la Comisión de Control de Licitaciones, donde CPM “no se quejó” de ello, sino “todo lo contrario”. Sin embargo, Quevedo insistió en su denuncia al afirmar que Ahmed “no es el órgano de contratación”, sino De Castro y la consejera de Hacienda.
“Pura vergüenza”
El consejero de Distritos, que copó el protagonismo del Pleno de Control al tener que responder a 9 de las 17 preguntas planteadas ayer en la sesión, también debatió las críticas del PP con reproches al acusar a dicho partido de mantener a los menores durante las anteriores legislaturas en condiciones de hacinamiento y de “pura vergüenza”.
“Ustedes querían extenderlas, no sé con qué propósito, y nosotros no vamos a permitir esas condiciones de indignidad con los menores como ustedes han permitido”, dejó claro Ahmed, que se quejó de que el PP plantee la misma pregunta “de diferentes formas con un mismo propósito” de insistir en acusaciones de ilegalidad que negó.
Hassan Mohatar defiende que no hacía falta autorización para usar Rostrogordo como centro de menores
El PP añadió en su crítica que el Gobierno local no solicitara autorizaciones para el uso del camping de Rostrogordo para un centro de menores. El diputado Manuel Ángel Quevedo puso el acento en que “esto es un cambio de uso de cajón y es obligatoria una nueva licencia”, lo que hubiera requerido inspecciones de las instalaciones de gas y electricidad por parte del departamento de Industria de la Ciudad Autónoma “para ver si hay peligro para los 200 menores” allí acogidos.
Esta cuestión fue rebatida por el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, que aseguró que el uso de las instalaciones para acoger a menores “no requería autorización” porque desde 1999 se han utilizado para campamentos de menores, por lo que instó a su antecesor al frente de Medio Ambiente a que “tenga cuidado con sus acusaciones”.
De esta manera, Mohatar también respondió a las acusaciones de “imprudencia e irregularidad absoluta” que le dedicó el vicepresidente segundo de la Asamblea, Daniel Conesa, en otra de las preguntas del PP sobre el centro de menores de Rostrogordo, momento en el que el consejero pidió dos medallas para el artífice de dicha cuestión, “una por tonto y otra por si se le pierde”.
