El PP de Melilla considera que el Gobierno local está “totalmente acorralado” por “las ilegalidades” que, a su juicio, está cometiendo “desde hace meses” en diversos procedimientos administrativos que “sin lugar a dudas, tienen una clara relevancia penal”. En rueda de prensa, el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, sacó esta conclusión tras la celebración este martes del Pleno de Control al Gobierno en la Asamblea, donde los diputados del Grupo Parlamentario Popular concentraron sus 15 preguntas en el centro de menores de Rostrogordo y la plataforma Melilla Colabora.
Ambos asuntos, junto con la decisión de trasladar dicho centro de menores al antiguo cuartel de Santiago, que el Gobierno melillense descartó finalmente por el rechazo ciudadano que generó tras conocerse la medida, corresponden a la Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor.
Marín criticó que el responsable de esta área, Mohamed Ahmed, al igual que otros consejeros que intervinieron en la sesión plenaria, no dio ninguna respuesta “clara y precisa” ante las preguntas “sencillas, claras y concisas” que el PP planteó sobre estos expedientes administrativos, ya que “todos están plagados de irregularidades e ilegalidades”.
Melilla Colabora
Según el número dos del PP, uno de ellos son las ayudas sociales que ha concedido el área de Distritos a través de la plataforma Melilla Colabora, sobre la que denunció que el consejero responsable no facilitara a los populares los datos que éstos pidieron, como el número de ayudas concedidas, el importe y la forma de pago.
Ello, a pesar de que estos datos “obran en poder de la Consejería de Distritos”, denunció públicamente Marín, convencido de que dicho departamento, que domina el principal partido del Gobierno local, Coalición por Melilla (CPM), “ha omitido los trámites administrativos” que necesita la gestión de cualquier tipo de ayuda social.
Marín afirmó que las ayudas concedidas por el área de Distritos son ilegales y acusó a dicha consejería de “intentar suplir a la de Políticas Sociales”, en manos del PSOE, que es la que realmente tiene las competencias en materia de asistencia social, además de los reglamentos, las bases para su concesión y herramientas como una web expresa para afectados por la crisis del coronavirus.
Según Marín, muchos melillenses han denunciado ante el PP que “había vecinos con un poder adquisitivo alto que recibían diariamente ayudas en cestas de comida”, de ahí que advirtiera de que “esto tendrá consecuencias”.
“El PP no permitirá que se haga clientelismo político con las necesidades de los melillenses, como hizo Aberchán y compañía con el caso del voto por correo”, ni tampoco que “se dilapide dinero público para hacer clientelismo”, dijo Marín para avanzar que los populares estarán “muy encima” de ese expediente, que “está plagado de ilegalidades” y por ello asegura que el Gobierno no le da “ni un documento” al respecto.
Santiago
En palabras de Marín, el Ejecutivo melillense también se vio “acorralado” durante el Pleno de Control cuando el PP planteó las preguntas sobre el traslado de menores al antiguo cuartel de Santiago, una medida sobre la que la Ciudad Autónoma dio marcha atrás tras haber iniciado dos contrataciones por la vía de emergencia, una para la compra de módulos y otra para la adecuación del terreno.
El dirigente popular incidió en su crítica al señalar que su partido no ve la emergencia de esta actuación, sobre la que no se iba a ver resultado hasta varios meses después, cuando los módulos llegaran a Melilla, y también aseguró que el consejero “contrató a dedo” la adaptación del terreno, en la que “se han tirado más de 100.000 euros para nada”.
Rostrogordo
Respecto al centro de menores de Rostrogordo, Miguel Marín aseguró que el Gobierno regional ha llevado a cabo “una temeridad nunca vista en Melilla” porque se trata de “un centro ilegal” al no contar con las autorizaciones necesarias de la Consejería de Distritos, para lo que debería haber recabado documentos e informes de forma previa al traslado de los menores acogidos.
Dicha instalación también carece, según Marín, de informes de Sanidad, de los Bomberos y de consejerías como la de Medio Ambiente e Infraestructuras, por lo que se preguntó quién será el responsable si ocurre alguna incidencia en el interior del recinto donde están los menores, al tratarse de “una actividad sin licencia”.
“La propia Ciudad Autónoma ha incumplido lo que exige a los propios ciudadanos o las empresas para desarrollar una actividad”, reprochó Marín al Gobierno melillense antes de anunciar que el PP remitirá un comunicado al responsable de cada área que debería haber dado su visto bueno antes de que el camping de Rostrogordo empezara a funcionar como centro de menores.
Entre los destinatarios de esos escritos estarán el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, al ser el responsable de Seguridad Ciudadana, así como los consejeros de Políticas Sociales, Medio Ambiente e Infraestructuras, a los que el PP exigirá que informe si las instalaciones de Rostrogordo están capacitadas y habilitadas para ser un centro de menores.
“Si no, serán los responsables directos de lo que pueda ocurrir a esos menores”, avisó Marín, que también insistió en la supuesta existencia de irregularidades en el resto del procedimiento sobre el centro de menores de Rostrogordo, como por ejemplo, la elección de la empresa adjudicataria en este contrato de emergencia, que “no tiene objeto social para atender a menores”.
“Prevaricación y malversación”
Además, Marín aseveró que, si el Gobierno no informa de la fecha de alta de los 56 trabajadores contratados en el centro de acogida, ni tampoco el día en que se superaron los 190 menores acogidos, es porque “desde el 8 de abril está pagando 8.000 euros al día a esa empresa cuando la realidad dice que ni había 56 trabajadores ni 200 menores desde esa fecha”.
A juicio del secretario general del PP, en este caso “se ha incumplido conscientemente” leyes como la de contratos del sector público y la de subvenciones, así como el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma, las bases de ejecución del presupuesto e, incluso, el decreto del presidente para los procedimientos de contratación durante el estado de alarma.
“Cuando uno incumple de forma consciente y temeraria todas las normas habidas y por haber en el procedimiento administrativo, eso trae como consecuencia dilapidar el dinero público y tiene dos nombres propios que acompañan a la gestión de la Ciudad Autónoma: prevaricación y malversación”, agregó el dirigente popular.
“Un delito se puede cometer por acción u omisión y todos los grupos del Gobierno son corresponsables”
En opinión de Miguel Marín, “las ilegalidades que está cometiendo el Gobierno” local no tienen como únicos responsables a los autores, sino también a quienes las consienten. Así, recordó que en el seno del Ejecutivo hay tres grupos políticos, y “todos ellos son corresponsables”, ya que “un delito se puede cometer por acción u omisión”.
“Está claro quiénes lo cometen por acción y quiénes por omisión”, sostuvo el portavoz del PP en la Asamblea, que señaló muy directamente a la líder del PSOE, Gloria Rojas, porque es la vicepresidenta primera del Consejo de Gobierno y “está obligada a impedir que sigan cometiéndose esas irregularidades”.
