No es la primera ni la última vez que terminan en manos de la Justicia cuestiones relacionadas con la presión migratoria sobre España, gran parte de la cual la soportan directamente Ceuta y Melilla. Recordemos, por ejemplo, los años de litigios que conllevaron los rechazos en frontera, que llegaron incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace tan solo unos meses avaló dichas acciones frente a intentos de entrada irregular por pasos no habilitados de nuestra frontera Las organizaciones de derechos humanos Access Info Europe y Andalucía Acoge han presentado esta semana sus argumentos en una demanda ante el Tribunal Supremo, solicitando que se anule el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de julio de 2019, en el que el Gobierno autorizó la concesión de 30 millones de euros del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria para sufragar parte de los gastos de las autoridades marroquíes en sus labores de control del flujo migratorio hacia España.
El objetivo de la demanda es «impugnar el uso indebido» del Fondo de Contingencia, cuya utilización, según precisan las ONG, «está reservada para dar respuesta a necesidades urgentes, imprevisibles e inaplazables, propias de situaciones excepcionales». Por ejemplo, señalan que en marzo de 2020 se han gastado más de 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
En la demanda, las organizaciones argumentan que la autorización del uso del fondo de contingencia «no puede justificarse bajo el pretexto de nueva crisis migratoria», tal y como defiende la Secretaría de Estado de Seguridad en la memoria del expediente.
Según precisan las ONG, «los propios datos del Ministerio del Interior de 2018 muestran que hubo un mayor número de movimientos migratorios en la frontera hispano-marroquí que en 2019, sin que fuese necesaria incluir una financiación extraordinaria en las partidas presupuestarias».
Las entidades, que llevan más de un año trabajando en esta demanda, presentaron el escrito de interposición del recurso el 18 de octubre de 2019, que fue admitido por el Tribunal Supremo en noviembre. Después de varias etapas procesales y unos retrasos causados por el estado de alarma, las organizaciones han podido presentar sus argumentos en detalle en el escrito de la demanda.
Las organizaciones han pedido al actual Gobierno que no base sus políticas fronterizas migratorias en «la externalización de fronteras» y se asegure de que la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre se realice «garantizando los derechos humanos». Tras la interposición de esta demanda, iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exponer sus argumentos.
«Como entidad social nos parece fundamental que el dinero público se invierta en las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en cualquier parte del mundo. No para financiar a terceros países en la externalización de las fronteras de la UE, permitiendo el recorte y la violación de los derechos humanos», han comentado desde Andalucía Acoge.
Lo cierto es que no es la primera ni la última vez que terminan en manos de la Justicia cuestiones relacionadas con la presión migratoria sobre España, gran parte de la cual la soportan directamente Ceuta y Melilla. Recordemos, por ejemplo, los años de litigios que conllevaron los rechazos en frontera, que llegaron incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace tan solo unos meses avaló dichas acciones frente a intentos de entrada irregular por pasos no habilitados de nuestra frontera. En este caso, el Supremo tendrá que dilucidar sobre el apoyo que Marruecos ofrece a España en la impermeabilización fronteriza y la manera en que el Estado compensa al país vecino por jugar ese papel, que es muy importante, aunque no infalible, como demuestra el goteo incesante de entradas irregulares al territorio nacional en épocas, incluso, de cierre fronterizo como la actual. Desde Melilla estaremos atentos por lo que nos pueda afectar lo que decida el Alto Tribunal.
