La diputada local del PP Isabel Moreno insistió ayer en sus acusaciones contra la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, por su gestión cuando era consejera de Distritos para impulsar el búho taxi en la Feria 2019, en el que “ha actuado con un temerario desprecio a la legalidad, los procedimientos y con informes técnicos no acordes”. Moreno recordó que el PP ha presentado una querella contra Almansouri, y aunque admitió que “tendrá que decirlo un juez”, dejó claro que su partido considera que en este asunto se ha cometido “una prevaricación de libro”, dada la “carencia absoluta del menor rigor”. Así, mostró los “informes técnicos contrarios” que había en torno al programa del búho taxi, uno de ellos de la directora general, en el que “se habla del convenio con el sector del taxi que Almansouri negó” hace unos días en rueda de prensa.
En dicho informe, según Moreno, la directora general apunta que no consideró oportuno abonar los gastos realizados en las fiestas patronales mediante este instrumento “porque no se había tramitado conforme a la legalidad ni con los trámites para llevar a cabo una subvención” al no contar con el informe de necesidad de la Dirección General ni fiscalización previa.
“No había procedimiento detrás”, resumió la diputada popular antes de señalar que también había un informe técnico desfavorable del interventor de la Ciudad Autónoma para que se llevara a cabo el programa del búho taxi.
Subvención a los ciudadanos
Por ello, Moreno criticó “la forma de proceder y de engañar de Almansouri”, que “intenta eximir su responsabilidad argumentando que es una subvención para la ciudadanía”, si bien lo rechazó porque, como recordó, el Gobierno anterior también dio subvenciones a los ciudadanos para viajar en barco y en avión y estaban respaldadas por un procedimiento administrativo.
No en vano, recordó que dichas subvenciones estaban reflejadas en el capítulo 4 de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma y se tramitaban con la colaboración de las compañías aéreas y marítimas, todo ello a través de un decreto regulador y unas bases aprobadas en comisión y el Consejo de Gobierno y publicadas en el BOME.
Todo ello, además, con un convenio con las compañías “y no con adeptos o activistas de partidos políticos” como, según Moreno, sucedió en el caso del búho taxi, cuyo convenio fue firmado entre la consejera y “un activista reconocido de CPM que no tiene la más mínima representatividad”, de manera que “no lleva aparejada la tramitación legal que debiera tener para tener los efectos jurídicos oportunos”.
Decisión del PSOE
Asimismo, Moreno advirtió al PSOE de que en este caso “tiene una decisión muy importante” respecto a si va a depurar responsabilidades “ante estas prácticas irregulares, oscuras y que sobrepasan el marco legal” o, por el contrario, “van a querer compartir esa responsabilidad con sus socios de Gobierno”.
“Esto, al final, no deja de ser un órgano colegiado y la responsabilidad es compartida. Con su silencio y su presencia en el Gobierno están respaldando este tipo de praxis”, aseveró.
