La Asamblea de Melilla aprobó ayer por unanimidad, diez meses después, la modificación de las cláusulas del pliego de condiciones para sacar a licitación el nuevo concurso del Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Dependencias municipales, por un montante de 20 millones de euros. El PP considera que es uno de los expedientes “más desastrosos de la historia de la Ciudad” y la consejera de Presidencia, Gloria Rojas, lo niega y señala que el Gobierno del PP no mantuvo la relación contractual con la empresa adjudicataria mientras se celebrara un nuevo concurso generando facturas que no sabe cómo se podrán abonar ahora. En una sesión plenaria de a penas veinte minutos, se aprobó ayer la rectificación de la cláusula 20 del anexo del pliego de cláusulas administrativas del contrato mayor de Servicios de vigilancia y Seguridad de las dependencias municipales de la Ciudad Autónoma, con lo que podrá salir a licitación por un montante de veinte millones de euros. La modificación hace referencia a los criterios objetivos de valoración, que otorgan hasta 30 puntos a la oferta económica, 21 a criterios de mejora de calidad y formación, y otros 30 a los criterios sociales.
PP
El diputado local del PP, Manuel Ángel Quevedo, anunció que de la misma forma que apoyaron la convocatoria extraordinaria de la sesión, iban a hacer otro tanto con esta modificación “porque queremos que salga adelante”, pero dejó patente que eso no quita que este expediente sea uno de los “más desastrosos de la historia de la Ciudad”.
El motivo, que entiende que el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha tenido diez meses para llevar a cabo unas modificaciones que “no hubiesen llevado más de diez días” cuando el PP comunicó en agosto de 2019 que se incluían algunos errores a rectificar. Este retraso se debe “a a la dejadez” de las tres personas que a lo largo de este tiempo eran responsables de Seguridad Ciudadana, como fue en su momento Paula Villalobos, posteriormente Gloria Rojas y en estos momentos Eduardo de Castro al reasumir estas competencias. “El expediente es un desastre como todo lo que tiene que ver con la Seguridad Ciudadana en este gobierno”, dijo.
Quevedo afirmó que en estos diez meses “se han cometido otras irregularidades por no hacer las cosas bien”, como aprobar la prórroga del contrato no hasta el 31 de marzo como pedía la empresa que actualmente presta el servicio sino hasta el nuevo contrato. A esto sumó que, en junio de este año, aún con la prórroga en vigor, se adjudicara a la misma empresa “en un negociado sin publicidad un contrato de 2,2 millones de euros aumentando en un 10% el número de horas y en otro 10% el precio de las horas, por encima de las condiciones del contrato en vigor”. Indicó que lo ocurrido con esta modificación es distintos a lo que pasó años atrás cuando “ya estaba el pliego en contratación y lo paró el Tribunal de Recursos Contractuales por las impugnaciones y hubo que hacer una prórroga por el mismo precio y condiciones, pero ahora se hace una prórroga mal hecha”.
Facturas
Por su parte la consejera de Presidencia, Gloria Rojas, dijo que esperaba que Quevedo estuviera “de mejor humor” porque se incluyeron en el expediente las aportaciones que realizó el PP y que se consideraron oportunas.
Rojas, que reconoció que no se sentía orgullosa por el retraso en la tramitación del expediente, negó que sea “el más desastroso”. Indicó que mientras el Gobierno tripartito ha mantenido en todo este proceso “una relación contractual con la empresa, ustedes no lo hicieron entre un negociado sin publicidad y otro", con lo que se generaron una serie de facturas que “ahora tenemos que ver cómo pagar”.
Recordó la consejera que el contrato se aprobó en comisión y después en pleno “recogiendo todas las sugerencias que nos dieron y nos parecieron lógicas”, todo ello con los pertinentes informes técnicos, pero “poco después recibimos un escrito de la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad Privada que ponía de manifiesto que otros condicionantes económicos no relacionados con la calidad, no podían superar el 49% de los criterios de adjudicación”.
“Aunque teníamos los informes positivos a favor, este detalle tan importante se nos había pasado y se ha rectificado”, indicó la consejera, que añadió que los criterios que han servido de base para el expediente proceden de contratos de otras comunidades autónomas, de convenios colectivos de servicio de vigilante, e incluso de documentos europeos. Es decir, “son criterios homologados por España y por Europa; son criterios muy correctos”. Reiteró, en resumen, que “no es el expediente “más desastroso, que los pliegos son muy lógicos y correctos y que cuenta con los informes de legalidad correspondientes”.
El punto plenario se aprobó por unanimidad, con los 19 puntos de los diputados asistentes a la sesión.
