El PP ha anunciado su intención de presentar cuatro demandas de protección de derechos fundamentales contra el Gobierno de Melilla si éste no le facilita en un plazo de 48 horas la información que, como principal grupo de la oposición en la Asamblea regional, ha solicitado sin que hayan sido atendidas.
En rueda de prensa, el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, explicó que esta “callada por respuesta” es lo que su partido ha recibido en numerosas ocasiones sobre diferentes asuntos, pero se centró en las solicitudes de información que los populares han presentado sobre el expediente del centro de acogida de menores de Rostrogordo.
El PP sostiene que dicho centro “se contrató de manera ilegal” y, por ello, pidió dicho expediente los días 23 y 29 de junio, y el 1 y 3 de julio de este año, si bien ninguna de las cuatro peticiones ha sido atendida, a pesar de que la normativa establece que el Gobierno debe responder en 10 días, salvo que solicite una ampliación de plazo a la Vicepresidencia Primera de la Asamblea, algo que tampoco ha ocurrido.
Más de un mes
Marín criticó que ha transcurrido más de un mes sin que el Gobierno le haya dado información, y en otros casos incluso han pasado más de dos meses, algo que el PP interpreta no solo como una falta de respeto, sino también como una muestra de opacidad y oscurantismo “propios de países como Venezuela o Cuba” y no de un país democrático como España.
Frente a esa vulneración de su derecho a la información, el PP reiteró este martes las peticiones de información sobre el expediente del centro de menores y ha dado un plazo de 48 horas al Gobierno local, que terminará esta mañana, o de lo contrario, acudirá a la vía judicial.
Supuestas irregularidades
En concreto, el PP pide una copia del contrato formalizado para el centro de acogida de Rostrogordo, las certificaciones y facturas abonadas, y la relación diaria de menores que han estado en este tiempo en el centro, que es algo que el Gobierno debe tener al ser una obligación de los centros la remisión de los menores.
Según Marín, lo que el PP solicita es una información que el Ejecutivo melillense tiene y que no facilita “porque no quieren”, ya que “hay algo extraño en este procedimiento”, que a juicio de los populares, es “manifiestamente irregular”.
“No podemos tolerar que en pleno siglo XXI, en un Estado de Derecho como el nuestro, haya un Gobierno que lleva a cabo una actitud totalmente sectaria más propia de repúblicas bananeras”, argumentó Marín, que se mostró aún más crítico al respecto porque los tres partidos que forman parte de él “entraron erigiéndose en el paradigma de la transparencia”.
“Resulta que son todo lo contrario a lo que dijeron que llevarían a cabo. Mayor oscurantismo es imposible”, agregó Marín tras acusar al Ejecutivo melillense de incumplir de manera sistemática la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento de la Administración y el de la Asamblea, lo que suponen “las normas básicas del funcionamiento de la Administración”.
“CPM quema la ciudad con el beneplácito de Gloria Rojas”
Marín cargó contra “el desastre de Gobierno que dirige los designios de Melilla”, pero puso el foco, sobre todo, en su principal partido, Coalición por Melilla, al que dejó claro que desde el PP no permitirán que “queme la ciudad, como está haciendo con el beneplácito de Gloria Rojas”, secretaria general del PSOE y socio de Gobierno en la Ciudad Autónoma.
Así, Marín afirmó que Melilla “se ha convertido en la ciudad más sucia de toda España”, a pesar de que hay un menor tránsito de personas por estar la frontera cerrada y, sobre todo, porque el anterior Gobierno, presidido por el popular Juan José Imbroda, dejó “el mejor contrato de limpieza de la historia de Melilla”.
En este punto, mencionó algunas de las mejoras del contrato, como el aumento de 60 vehículos y 50 trabajadores, así como la instalación de 1.300 contenedores nuevos, cinco puntos limpios nuevos, contenedores soterrados con el triple de capacidad y un servicio de limpieza especial que se ha duplicado, además de 400 nuevas papeleras y 100 jaulas de cartón.
Sin embargo, lamentó que CPM, encargado de gestionar el servicio de limpieza, “está más preocupado de llevar a cabo otro tipo de actuaciones, colocaciones y compadreos con la actual empresa que de exigirle que cumpla el contrato”. Por ello, aseguró que el PP estará “vigilante” para exigir que se cumpla el pliego “en todos sus términos”.
