El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha defendido que su protocolo sanitario pretende recoger las medidas necesarias para evitar la aparición de casos importados de Covid-19 en los centros de atención humanitaria y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Este protocolo afecta a las competencias de las distintas administraciones por lo que "su cumplimiento requiere de una coordinación y colaboración de todos".
En el marco de esa colaboración, Migraciones ha destacado que las comunidades autónomas deben prestar la asistencia sanitaria y realizar las pruebas diagnósticas necesarias (test PCR) en el momento de la llegada de los inmigrantes a las bases de atención humanitaria.
Así lo han manifestado este jueves fuentes del Ministerio después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya iniciado actuaciones con varias comunidades autónomas para conocer qué medidas están adoptando para abordar posibles casos importados de Covid-19, en el contexto de la inmigración irregular.
La situación planteada con la llegada de pateras, tras el cese del estado de alarma, preocupa al Defensor del Pueblo, que se ha dirigido a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia y también ha dado traslado de dichas actuaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Estas cinco regiones reciben desde hace años a extranjeros en situación irregular, como recuerda el Defensor que indica que, desde el cese del Estado de Alarma, cientos de personas han sido rescatadas y se han activado los correspondientes operativos de respuesta humanitaria, que es una competencia estatal.
Sin embargo, considera que la situación provocada por la pandemia del COVID-19 ha provocado que, junto a esa respuesta humanitaria, sea también necesario adoptar medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica.
