La Ciudad Autónoma de Melilla remitió ayer por la mañana una petición de autorización a la Justicia para poder aplicar las medidas administrativas que ha adoptado para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que se han reforzado ante el rebrote que sufre, con 111 casos activos en estos momentos. A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro, informó de que la Ciudad Autónoma ha pedido ya dicha autorización, y tanto la respuesta como el plazo para darla depende ahora del juez de guardia.
No obstante, De Castro cree que no habrá que esperar mucho para conocer la respuesta y que ésta llegará de manera “inminente”, dada la situación sanitaria actual.
El presidente melillense explicó que muchas regiones se están encontrando con el problema de que los tribunales de justicia no autorizan las medidas de salud pública que ordenan para evitar la expansión del coronavirus, ya que limitan derechos fundamentales.
“Las medidas administrativas no pueden nunca regular derechos fundamentales”, apuntó De Castro para precisar que mientras ha estado decretado el estado de alarma eso sí era posible al estar regulado por dicha ley orgánica, que permite ordenar un confinamiento o impedir la movilidad libre de los ciudadanos.
Medidas
Melilla ha publicado en los últimos días varias órdenes de Salud Pública para tratar de contener el rebrote que sufre desde pocos días antes de que empezara el mes de agosto, que contienen medidas como el confinamiento de seis centros de acogida, cuatro de ellos donde reside población migrante.
En concreto, el viernes decretó el confinamiento, durante dos semanas, de la Residencia de Mayores del Imserso; el centro de menores de Rostrogordo y el del Fuerte de la Purísima Concepción; el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Centro Educativo de Menores Infractores; y la zona específica destinada al cumplimiento de la cuarentena COVID-19 del Centro de Estancia Temporal Plaza de Toros.
También el viernes reforzó las normas anticovid que ya había decretado días antes, entre ellas, la extensión de la medida de cierre nocturno de las playas para evitar la aglomeración de personas y el botellón a otras zonas al Polígono Industrial Sepes, los Pinos de Rostrogordo y Aguadú, además de los alrededores de ambos desde las 1.00 a las 6.00 horas de lunes a domingo.
La orden también establecía la prohibición expresa de fumar “cachimbas”, “shishas” y pipas de agua, añadiéndose así a la medida decretada días antes para la prohibición de consumir tabaco o cigarrillos electrónicos en la vía pública o en espacios al aire libre si no se guarda una distancia de dos metros.
La orden recogía, además, la prohibición de utilizar equipos de reproducción de audio y sonido destinado a la realización de karaokes en bares y restaurantes, siguiendo la dinámica de los elementos comunes para varios.
Días antes, Salud Pública publicó otra orden con diferentes medidas, varias de ellas referentes al sector de la hostelería, cuyo gremio expresó sus quejas.
