Manifiesta el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, que no tiene “nada que objetar” a la decisión de la juez de denegar la ratificación de dos órdenes dictadas por la Consejería de Políticas Sociales que hacen referencia a medidas de confinamiento y cierre de locales dentro de la lucha contra el covid-19. Aun así, señala que se ha seguido “el procedimiento de siempre” y que cuando se dicta una norma administrativa sin el paraguas del estado de alarma, “hay que recurrir a la ratificación judicial por si afectan a derechos fundamentales”. Con órdenes anteriores, afirma, “no había pasado nada y ahora la jueza lo deniega porque entiende que no hay motivación o no se ha justificado suficientemente, pero no quiere decir que no tengamos razones”. A partir de este momento se abren dos días. Una es la del recurso de apelación al TSJA que no suspendería la decisión de la juez, y “es una opción a valorar” y la otra, que es en la que se trabaja desde ayer, es “elaborar una nueva orden que se ajuste a las pretensiones judiciales y expliquen más profusamente el por qué se pide esta medida”. Este texto se enviará hoy a los Servicios Jurídicos y de ahí al juez que determinará su ratificación o no. Recuerda Eduardo de Castro que “hay órdenes ratificadas en vigor que afectan a medidas básicas que todo el mundo entiende, como el distanciamiento social, las mascarillas o los horarios de los comercios que están vigente”. El presidente pide, mientras se resuelve todo este asunto, “que no perdamos el norte, porque el covid está ahí, los contagios también y hay que apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos porque nos va en ello la salud de todos”.
La no ratificación de estas órdenes por la jueza afectaría a decisiones adoptadas como el confinamiento del CETI o la residencia de mayores, que “entendemos que hay que controlar para que no haya rebrotes, pero son centros que dependen de la administración del Estado y estamos en conversaciones con distintos departamentos del Gobierno central para regular y controlar todo esto” mientras la justicia se pronuncia.
El presidente reiteró que hoy espera contar con las nuevas órdenes y sus justificaciones motivadas para renviarlas a los servicios jurídicos a primera hora y de ahí “inmediatamente”, al juez de lo Contencioso Administrativo para que “lo revise y a la mayor brevedad lo ratifique, que puede ser en uno o dos días”. Tiene claro que el juez “no pone piedras en el camino, sino que hace su trabajo y siempre va a darse la prisa que el momento requiere”, apostilló.
De Castro no se plantea solicitar la declaración del estado de alarma en Melilla como ofrece el presidente del Gobierno a todas las autonomías en función de sus necesidades. “Es una medida excepcional que solo se ha usado en dos ocasiones en nuestra historia democrática, pero en estos momentos no está motivado para solicitarlo. Habrá que ver cómo va evolucionando el covid en Melilla, y esperemos que no sea necesario, pero sin duda sería algo in extremis”, dijo.
