Un juez radicalmente socialista, según sus escritos en periódicos, fue destinado como juez sustituto a Madrid, comunidad en la que, tras muchos años de gobierno socialista, gobierna ahora el PP y cuya presidenta ha tenido la inmensa osadía antiprogre de criticar duramente lo que el PSOE hizo y hace, así que ha sido declarada enemiga pública número uno del actual gobierno socialcomunista plurinacional, ya que, según el Gobierno, España es un conjunto de naciones, un país de países.
El juez en ejercicio, de nombre Alfonso Villagómez Cebrián, escribió el siguiente artículo, en julio, en el periódico La Región, tras el descalabro de la izquierda en los comicios gallegos: “Todavía reponiéndome del mal resultado del PSdG en las elecciones del 12-J, quiero dirigirme a todos y todas las militantes socialistas para agradecerles su valentía, trabajo y tesón”. No podía faltar el “todos y todas”, para estar dentro de la obediencia debida a las normas progres.
La primera medida conocida del juez progre destinado por los progres a Madrid ha sido, con su personal interpretación de la Constitución, impedir que la presidenta de Madrid ponga en práctica las medidas anticovid que su Asamblea había aprobado. La medida fue rápidamente apoyada por otro progre muy obediente y que acostumbra a equivocarse casi siempre, el tristemente célebre Fernando Simón, amenazando a la Comunidad madrileña -la más próspera de España- con imponerles medidas más radicales: la vuelta al confinamiento, es de suponer.
Sin embargo, casi todos los periódicos nacionales han resaltado durante estos días el daño causado por las prolongadas vacaciones del Gobierno, al frenar el plan sanitario que el Congreso aprobó. También se ha frenado el paquete de medidas que la llamada Comisión de Reconstrucción validó hace más de un mes para prevenir un posible rebrote de la pandemia, rebrote que hoy es ya evidente. Ahora un juez progre, a diferencia de lo que opinan otros jueces, se dedica, con o sin razón, a interpretar las leyes fundamentales, lo cual tiene una consecuencia inmediata, paralizar medidas anticovid, y otra consecuencia menos evidente pero no menos importante, proporcionar excusas a los políticos ineficaces y pasivos, como es el caso, entre otros muchos, del presidente de Melilla, Eduardo de Castro.
Como era de esperar, De Castro se ha precipitado a pedir autorización al juez de guardia para aplicar “sus” medidas anticovid ante el rebrote que Melilla sufre, con 111 casos activos actualmente. El juez ya ha contestado y paralizado las medidas de la Ciudad. Los mena están muy contentos. De Castro ya tiene una justificación más para la inacción. También ha declarado, tras comprobar que el tema de los inmigrantes no depende del Gobierno local, sino del nacional socialista de sus socios de gobierno local, que el “hacinamiento” de migrantes estaría solventado si dependiera del Gobierno local, aseveración que jamás se podrá comprobar, claro, pero que al todavía presidente de la Ciudad le sirve para intentar evadir responsabilidades, aún a costa de ir destruyendo el débil lazo que todavía le ata a sus socios socialistas.
Mientras tanto y como fondo del drama, que se convertirá en la cúspide del problema, la terrible noticia de que la pandemia, el desastre del tratamiento gubernamental español de la pandemia, ha arrasado a 90.000 empresas españolas en tan solo cinco meses, con Melilla, muy probablemente, a la cabeza de la ratio de empresas arrasadas por habitante y sin expectativas de un futuro mejor.
