El PP advirtió ayer de la situación “absolutamente ilegal” en la que se encuentra el vertedero controlado de residuos sólidos inertes de Melilla desde hace casi cinco meses, ya que el contrato de explotación finalizó el pasado 6 de abril y éste sigue abierto, en funcionamiento “y cobrando a los melillenses sin ningún papel”. En rueda de prensa, el diputado local del PP Manuel Ángel Quevedo explicó que, desde la finalización del contrato, por el que fue adjudicada la gestión de este servicio por un plazo de 10 años, el Gobierno de Melilla no ha aprobado ningún trámite sobre el que se pueda sustentar el hecho de que una empresa privada lo mantenga operativo. “Para solucionar eso”, Quevedo, que fue consejero de Medio Ambiente en la anterior legislatura, explicó que el Gobierno lleva esta mañana al Pleno de la Asamblea la prórroga del contrato de explotación de este vertedero, sobre el que el PP realizará una advertencia de ilegalidad por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos.
Así, Quevedo dejó claro que “lo que realmente se pretende aprobar es la modificación de un contrato que se inició en 2010 y una indemnización a la empresa adjudicataria”, que el PP considera “totalmente infundada e inventada” por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Según Quevedo, esa indemnización será de 825.000 euros, de los cuales 677.000 euros serían para mantener la concesión del vertedero un año más como una prórroga, mientras que los 148.000 euros restantes serían una “forma de compensación”, que no se ha concretado en el expediente, “por una supuesta mala praxis de la administración”.
El diputado popular señaló directamente al consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, porque “ha creado un problema” al no haber hecho nada tras la finalización del contrato de gestión en abril de este año, “y, para solucionar esto, dice que se indemniza a la empresa con una prórroga de un año”.
“El fin no justifica los medios y los medios son hacer una interpretación absolutamente ilegal, porque el PP considera presuntamente delictiva la votación a favor de esa modificación del contrato, cuya consecuencia es una indemnización que la propia consejería valora en 825.000 euros, y la aprobación del expediente, que tiene consecuencias económicas”, dejó claro.
“Absoluta lealtad”
Por ello, en la víspera de la celebración del pleno, el PP quiso realizar esta advertencia “con absoluta lealtad”, y lanzó este mensaje especialmente a los otros 12 diputados que sostienen el Gobierno junto al consejero Hassan Mohatar, ya que una votación a favor les llevaría a asumir la responsabilidad de “una barbaridad de este tipo”.
“Esto es presuntamente ilegal y, si se va a cometer esto, lo decimos con antelación para intentar evitar que lo cometan y que le busquen otras soluciones”, insistió Quevedo. Así, señaló que dicho asunto pasó por comisión el 19 de mayo y, desde entonces, se han celebrado seis plenos sin que el consejero lo haya elevado, ya que “saben que esto está mal”.
