Los tres grupos políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs), junto con el diputado no adscrito, sacaron ayer adelante con su voto a favor en el Pleno de la Asamblea la prórroga del contrato de explotación del vertedero de residuos inertes, frente a la advertencia de ilegalidad del PP. Los populares insistieron en que esta propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad podría suponer la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y, por esta razón, pidieron que la votación, en vez de realizarla por grupos, como se hace siempre, fuera esta vez nominal.
El portavoz del PP, Miguel Marín, realizaron esta petición en cumplimiento del articulo 62 del Reglamento de la Asamblea, al considerar que era “importante y necesario” que cada diputado votara de forma nominal lo que considerara oportuno “y no escudarse en el voto general de un grupo”, dado que “aquellos que voten a favor pueden incurrir en responsabilidades penales”.
Pese a ello, ninguno de los 13 diputados del Gobierno, ni tampoco el diputado no adscrito, cambiaron el sentido del voto que ya manifestaron sus partidos en la comisión donde fue abordado este asunto y todos votaron a favor, frente a los 10 parlamentarios del PP, que lo hicieron en contra, mientras que el de Vox no asistió al Pleno.
Mohatar dice que es legal
El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, defendió la legalidad de esta propuesta porque así está recogida en los informes del secretario técnico y el interventor.
Además, dejó claro que “a la Ciudad Autónoma no le cuesta un duro”, sino que la prórroga del contrato se hará “a riesgo y ventura del empresario” que ha tenido adjudicado este servicio durante los últimos 10 años.
Por ello, aclaró que “no es que la Ciudad Autónoma tenga que poner esos 800.000 euros”, sino que se aplica la cláusula 30 del pliego, según la cual se puede ampliar el tiempo de concesión un 10 %, que corresponde a un año.
Asimismo, Mohatar acusó al diputado del PP Manuel Ángel Quevedo de haber originado este problema porque, en su etapa como consejero del área, se negó a elaborar el nuevo pliego ante la finalización del contrato en abril de este año, algo que el propio Quevedo al recordar que las elecciones fueron en mayo del año pasado y no iba a elaborar un pliego con casi un año de antelación, además de que el PP lo que tenía pensado hacer era una encomienda de gestión del servicio.
Para el consejero, la interpretación de ilegalidad que hace el PP “es absurda” y le afeó que no planteara una alternativa a la situación, ya que el cierre del vertedero dejaría a Melilla sin una alternativa legal para depositar escombros.
Además, defendió que la actualización del coste es de un 5 % del precio, que sitúa el coste por tonelada en 4,20 euros, y subrayó las dificultades de la empresa que lleva este servicio, por cómo se ha visto afectado el sector por la pandemia, lo que le ha supuesto una pérdida de más de la mitad de la actividad.
“Regalar una concesión”
Quevedo se reafirmó en su advertencia de ilegalidad e insistió en que, con este procedimiento, lo que hace el Gobierno es “regalar la concesión durante un año a una empresa”, además de modificar un contrato que “está muerto”, ya que su vigencia finalizó el pasado 6 de abril.
El diputado del PP considera una prueba de que el consejero “sabe que esto no está bien” el hecho de que hayan transcurrido seis plenos desde que fuera aprobada la propuesta el 19 de mayo en comisión y no se haya pasado por la Asamblea hasta ahora, casi cuatro meses después.
También dejó claro que “es falso” que no vaya a costar dinero al ciudadano, puesto que “esto tiene un valor”, y consideró “una contradicción” que en este punto el Gobierno aprobara subir a 4,20 euros el precio del vertido de una tonelada, para actualizarlo al IPC pese a no estar recogido en el pliego cuando, en el siguiente punto, que se iba a debatir justo después sobre el expediente del servicio, estaba recogido un precio de 3,69 euros, un 17% menos.
Dicho expediente, recogido en el punto siguiente, ni siquiera se llegó a debatir porque el Gobierno pidió retirarlo, alegando el consejero de Medio Ambiente que “hay que subsanar algunas cuestiones”, sin dar más explicaciones.
