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Abogacía del Estado interpreta que sólo el presidente Sánchez podría solicitar el Estado de alarma para Melilla

Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma
(Autor: CAM)

El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, informó ayer que la Abogacía del Estado interpreta que el presidente melillense no podría solicitar la declaración del estado de alarma en Melilla al no ser una comunidad autónoma, sino una entidad local, por lo que, de llegar el caso, debería contarse con el respaldo del Ministerio de Sanidad y que el presidente Pedro Sánchez llevase esta petición al Congreso. En rueda de prensa, De Castro reiteró que el estado de alarma “es una herramienta jurídica de la Constitución, regulada por ley orgánica”, que su solicitud debe ser ratificada en el Congreso, y afirma que Melilla en estos momentos, no se plantea solicitarla.

Sí reconoce que la Abogacía del Estado ha emitido ya un informe, solicitado desde Melilla para aclarar cómo la Ciudad podría solicitar esta declaración, y avanza en sus conclusiones que los presidentes de Ceuta y Melilla no podrían elevar directamente esta petición al tener la consideración no de autonomías, sino de entes locales, como ya ocurrió hace un año cuando una sentencia del Supremo obligó a alejar del Gobierno de ambas ciudades a los cargos no electos.

Esta interpretación no coincide con la manifestada por la Secretearía General de la Ciudad Autónoma que sí considera que Melilla puede hacer esta petición. “Hay divergencia” reconoce De Castro, que señala que, llegado el momento, “si no podemos solicitarla nosotros, se le pediría al presidente del Gobierno”, pero reitera que hoy por hoy Melilla no se plantea adoptar esta medida “como no está previsto tampoco en ningún otro territorio del estado, incluso ni Madrid ni Cataluña, que están pasando por momentos muy complicados y difíciles”.

Medidas restrictivas
Comentó el presidente que al margen del estado de alarma hay otras medidas de control que se pueden aplicar, y en este sentido recordó que ha encargado al consejero de Política Social, Mohamed Mohand, con el apoyo de los técnicos de salud pública, “determinar las medidas que, en base a criterios sanitarios, se pueden aplicar”. Reconoció que las últimas órdenes que se intentaron aplicar, como las relativas al confinamiento del CETI no pudieron aplicarse al no ser ratificadas por la autoridad judicial competente, por colisionar con derechos fundamentales.

Afirma que se ha encargado al consejero que elabore un catálogo de medidas a poner en marcha de forma inmediata. Se le ha pedido que “estudie medidas que conlleven nuevas restricciones pero que no impliquen un confinamiento extremo que sabemos que la autoridad judicial no va a ratificar, sino medidas parecidas a las fase1 y 2 de la desescalada, que permitían que hubiera actividad económica y hostelera, porque hay que conjugar la economía con la salud, aunque es cierto que la salud es un bien más importante que la economía”, aseguró.

Tiene claro, en atención al número de positivos que acumula la ciudad, que “es muy urgente” disponer de estas medidas de control. “Al gobierno le preocupa este tema, pero no es fácil porque hay un déficit de infraestructuras tanto en INGESA como en la Ciudad”. Afirma que está en contacto con el ministro de Sanidad, “que conoce el problema de primera mano” y que le ha trasladado que a través de la Secretaría de Estado “van a ocuparse más de Melilla”.

Muestreo generalizado
Por otra parte, el presidente rubricó las manifestaciones de la vicepresidenta, la socialista Gloria Rojas en relación a la propuesta del también socio de gobierno, el cepemista Mustafa Aberchán (CPM) de testar a toda la población melillense, que sería “muy complicado” testar a 86.000 melillenses, al tiempo que los resultados no serían vinculantes porque el test sólo ofrece “una foto fija” del estado de salud del paciente en ese momento, “por lo que tendría que realizar el test una y otra vez”.

De Castro, que apuesta en este sentido por seguir “las recomendaciones de la autoridad sanitaria”, afirmó que “es más efectivo que la gente cumpla con las normas” ya conocidas de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos, ya que según los epidemiólogos “se lograría evitar el 70% de los contagios”.

Reconoce que para aplicar medidas más restrictivas como “reducir la movilidad, sin llegar a vulnerar el espacio de los derechos fundamentales, hay que contar con la ratificación de un juez, algo que en otras comunidades se puede hacer porque tienen capacidad legislativa y nosotros no”.

Cumplir la cuarententa
También señala que es preciso que los positivos o los que están en cuarentena se queden en sus hogares “porque de nada sirven los rastreadores si cuando llamas a la casa del que se supone que tiene que estar en confinamiento, resulta que se ha ido al a playa, y esto es una irresponsabilidad mayúscula que pone en peligro la salud de los demás”.

Entiende que es preciso hacer más PCR, pero no de forma generalizada “porque es inviable, aunque otra cosa es que se hagan para un grupo determinado de personas, como en una empresa o un colegio”. En este punto anunció que la Ciudad va a adquirir nuevos test serológicos con una fiabilidad mayor a los anteriores, que se utilizará a la hora de llevar a cabo pruebas a “determinados grupos de ciudadanos”.

El estado de alarma “no depende de un consejero ni del presidente”
El presidente de la Ciudad afirmó que no es que existan criterios diferentes entre la Presidencia y el consejero de Sanidad, Mohamed Mohand en relación a la declaración del Estado de Alarma. “Hay un error de base, porque Salud Pública no opta por el Estado de Alarma”, como manifestó en rueda de prensa, “porque ni el consejero, ni este presidente pueden declarar el Estado de Alarma, eso fue una opinión que tenía en su momento la autoridad sanitaria de si confinar el CETI para no propagar el virus, pero esto no se puede hacer y también porque tendríamos a 1.600 personas contagiándose entre ellas continuamente”.
“El estado de alarma es una herramienta, no descartable, que no depende del presidente de la Ciudad y mucho menos de un consejero, que puede tener sus razones, pero esa decisión no le compete a él, sino al presidente del Gobierno y tendría que pasar previamente por el ministro de Sanidad que es la autoridad en todo lo relativo a los asuntos sanitarios”, apostilló.

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J.A.M

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