Las previsiones económicas siguen empeorando para España. Las más pesimistas apuntan a una caída del PIB de más del 12%, y a 2023 como el año en el que recuperaremos los niveles previos a la pandemia. Por entonces, la deuda sobre el PIB será aproximadamente del 120%. La ministra de trabajo Yolanda Díaz se resiste a la idea de retrasar la edad de jubilación, puesto que, según ella, retrasar la edad de jubilación dificultaría la incorporación al mercado laboral de los jóvenes españoles. El gobierno se plantea congelar el sueldo a los empleados públicos, pero dudo mucho que lo acaben llevando a cabo, teniendo en cuenta que la inflación rozaría el 0%, y el aumento en el gasto, en caso de no congelar los salarios, no llegaría al 0.03% del PIB. Me apunto a las sospechas del economista Juan Ramón Rallo “lo mismo es un globo sonda para que Podemos proteste, el gobierno rectifique y los morados se anoten una victoria después de la humillación de Bankia.”
En primer lugar, la situación de la deuda española es preocupante. Le debemos muchas cosas a la Unión Europea, y entre ellas esta la capacidad de financiarnos a tipos muy bajos, algo que no pasaría nunca en un país con gobernantes tan irresponsables como los que tenemos y hemos tenido. Pero financiarse a tipos bajos no es motivo para seguir endeudándonos. Hay que tener mucho cuidado porque, aunque los tipos estén bajos ahora mismo, eso no quiere decir que lo seguirán estando siempre. Además, dedicamos más de 34.000 millones de euros al año a pagar intereses de la deuda, ¿a partir de que cifra deberíamos empezar a preocuparnos?
Continuemos con las declaraciones de la ministra de Trabajo. Según ella, la edad de jubilación no debería retrasarse porque eso afectaría la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Permítanme un inciso, pues es importante recordar que España, con paro juvenil superior al 41%, es el país de Europa con un paro juvenil más alto. Dicho eso, Yolanda Díaz debe pensar que los jóvenes y aquellos cercanos a la edad de jubilación realizan labores sustitutivas, cuando en realidad realizan labores complementarias. También olvida la ministra que un trabajador no solo vende su trabajo a un empresario a cambio de un salario, sino que también demanda el trabajo de otros, es decir, es trabajador y consumidor a la vez. En el caso de los pensionistas, si bien pueden seguir actuando como consumidores aunque no trabajen (reciben una pensión), esa pensión sale a su vez de las cotizaciones sociales de los trabajadores. En caso de retrasar la edad de jubilación, las cotizaciones sociales serían menores, y más jóvenes tendrían oportunidades laborales. Además, como recuerda Rallo, la evidencia empírica dice que mayor empleo entre los trabajadores adultos se traduce en mayor empleo para los jóvenes.
Finalmente, congelar el sueldo a los funcionarios no parece tan mala idea teniendo en cuenta que ellos han cobrado el 100% desde se inicio la pandemia, y que las horas trabajadas por el sector público disminuyeron en más de un 5% en el segundo trimestre del año comparado con el segundo trimestre de 2019. Pero eso no quiere decir que se les tenga que congelar a todos. Los médicos, por ejemplo, en algunos casos han tenido que doblar esfuerzos, y no sería malo que se les compensase por las horas trabajadas de más, y como muestra de agradecimiento. Es decir, estaría bien que se redujese el sueldo a aquellos trabajadores públicos que han trabajado menos, a la vez que compensar a aquellos que han sufrido una mayor carga de trabajo.
Posdata: Leo que “casi dos tercios de los empleados públicos ;se ubican en los tres deciles más altos de la distribución de la renta (y más el 80% a la derecha de la mediana).” No creo que haya que añadir mucho a eso.
