La consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, anunció ayer que las comunidades de bienes, taxistas y vendedores ambulantes serán algunos de los nuevos beneficiarios de la nueva convocatoria extraordinaria de ayudas a empresas y autónomos afectados por el covid que pone en marcha la Ciudad Autónoma. Afirmó que en esta convocatoria “se intenta paliar algunas de las cuestiones que no se habían tramitado en la convocatoria anterior”. En concreto, en esta se incluirán a las comunidades de bienes, autónomos que hayan visto reducida su facturación en el último trimestre en comparación al mismo periodo del año anterior, los vendedores ambulantes “que fueron los últimos en reactivar la actividad comercial, y el sector del taxi que experimenta una reducción en su facturación no solo en el estado de alarma, sino que se alarga en el tiempo”, dijo.
Dunia Almansouri explicó que la diferencia entre el programa de incentivos que promueve la Ciudad Autónoma y el de otras comunidades, es que Melilla concede ayudas directas, mientras que en el resto de autonomías esas ayudas se circunscriben a prestamos o avales bancarios. “Lo que buscamos es que Melilla saga lo menos afectada posible de esta crisis sanitaria y trabajamos en ello”, afirmó.
Ayudas
Asegura la consejera de Hacienda que esta crisis sanitaria “ha desbordado a todas las administraciones, pero aun así en Melilla se han adoptado medidas para poder paliar la situación” y como ejemplo expuso que en Promesa “los trabajadores doblan turnos para tramitar las ayudas covid y se han contratado a otras cuatro personas de apoyo”.
En respuesta a las manifestaciones del PP que critica que mientras que en Ceuta este tipo de ayudas comenzaron a abonarse en mayo y que en Melilla aún continúan tramitándose las solicitudes en el mes de septiembre, aclara Almansouri que la Ciudad “ya ha publicado un primer bloque de ayudas” e hizo hincapié en que hay grandes comunidades como Madrid o Andalucía que ni siquiera han sacado su propia convocatoria de incentivos “por la situación actual”.
“Este gobierno ha hecho un esfuerzo importante y sin tener una partida presupuestaria, hemos consignado sólo para ayudas directas a empresas y autónomos en torno a 13 millones de euros, más todas las indirectas prestadas, sin contar con la convocatoria de abril de ayudas al alquiler para familias en situación de ERTE, entre otras ayudas”, dijo.
La consejera, que afirmó que los empresarios “ya están recibiendo las ayudas”, detalló que en vez esperar a la finalización de la campaña para estudiar las solicitudes, se convocan comisiones parciales en Promesa para ir resolviendo las peticiones que van llegando y a media que se aprueban, se publican en el Boletín Oficial de la ciudad.
En cuanto a la convocatoria extraordinaria que presentó ayer, espera que la próxima semana se puede celebrar un nuevo consejo de administración de Promesa para que este nuevo plan se apruebe y pueda ir a Consejo de Gobierno para su ratificación. Tiene claro Almansouri, preguntada sobre cuál es el presupuesto que se va a destinar a estas ayudas a empresas y autónomos, que “se agotará el total del crédito previsto”.
Las sociedades públicas, en fraude de ley por no por no haber actualizado sus estatutos
La consejera de Hacienda no comparte la visión de la oposición, que afirma que existen desacuerdos entre los miembros del Gobierno tripartito a la hora de elegir al nuevo presidente de la sociedad pública Proyecto Melilla SA (Promesa). Aseguró que en estos momentos la presidencia de la entidad “está cubierta perfectamente por Emilio Guerra” y no cree que “sea el momento adecuado para entrar en discrepancias, sobre todo con la empresa pública que gestiona el grueso de las ayudas públicas y está funcionado de forma adecuada”.
En cuanto a la posibilidad de ampliar el número de miembros del consejo de administración de Promesa como propone el PSOE, dijo que eso es algo que viene recogido en la ley y que la cifra de consejeros se establece en función de la calificación de la empresa. Pero desveló que las empresas públicas de la Ciudad Autónoma “están en fraude de ley”, porque entre los años 2012 al 2016 no se llevó a cabo una actualización de sus estatutos. Esta labor la viene desarrollando el Gobierno tripartito “para poder adecuar las sociedades a las nuevas exigencias de la ley”. Estas modificaciones afectan a cuestiones como el número de consejeros, e incluso el salario a percibir por los gerentes y presidentes de las empresas en cuestión, además de “otras normas de funcionamiento interno”. “En cuanto esté listo el trámite no habrá problemas en adecuar el número de consejeros a la clasificación que la ley otorga a las sociedades públicas de Melilla”, aseguró.
