La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, acusó ayer al Gobierno del PP de haber cedido una serie de locales del cargadero a modo de “subvención encubierta sin que medie un documento que lo justifique” a varias entidades “sin un claro fin social”, asumiendo el coste del alquiler, luz, agua y terraza que suponen un coste de 150.000 euros al año. En el caso de la Peña Taurina en la Plaza de toros, indica que no existía ni siquiera un contrato de alquiler y que en el local se explotaba un bar que no abanaba ningún tipo de gasto de luz o agua. Almansouri salió ayer al paso de las manifestaciones de la senadora del PP Sofía Acedo, que acusa a Coalición por Melilla de pretender “cambiar la cultura melillense”, y le responde que CPM “la única cultura que ha venido a cambiar es la de la corrupción que ha dejado el PP”.
Cargadero
Almansouri explicó que lo que ha ocurrido con el desalojo de los locales de la Peña Taurina y el de la asociación de veteranos de la Guardia Civil, asuntos que sirven de base a las acusaciones del PP, se ha debido a cuestiones de índole administrativa.
Afirma que no se ha querido dar publicidad a este asunto “por respeto” a las entidades afectadas y porque “entendemos que la irregularidad la cometió el gobierno anterior y no queríamos poner a estas asociaciones en la picota porque no tenían conocimiento de que hacían un uso irregular de los locales”.
Explicó que el Gobierno anterior “ha estado durante años pagando en torno a 150.000 euros anuales por los locales del cargadero, que cedía a entidades sin un claro fin social, como una especie de subvención, y además les pagaba las tasas de terraza y los gastos de luz y de agua”.
Según el interventor de la Ciudad Autónoma, esta cesión se puede interpretar como “una subvención encubierta, una subvención en especie sin que medie un documento legal que lo justifique, y es normal que no exista porque no se cumple con los requisitos que marca la ley para poder recibir una subvención”, apostilló.
Al objeto de “solucionar esta chapuza administrativa”, Almansouri explica que se pusieron en contacto con las entidades en cuestión, unas seis, a las que se ha comunicado que el 31 de diciembre “esta administración deja de pagar el alquiler de estos locales”.
Aquellas que estén interesadas en continuar en esta ubicación del cargadero, “no tendrán problema porque se ponen en contacto con la Autoridad Portuaria para arrendar el local, pagan el alquiler y lo podrán usar el tiempo que estimen oportuno”.
Locales desalojados
Ya hay dos locales que se ha dejado de abonar el alquiler porque el contrato de la Ciudad con la Autoridad Portuaria expiraba en septiembre y “no se ha renovado la cesión en precario y hay otro local que hemos desalojado prematuramente porque el INGESA necesitaba espacios para atender al os melillenses que tenían que hacer gestiones de traslados médicos, prótesis y demás”, añadió.
La asociación de motores, una casa regional y la asociación de veteranos de la Guardia Civil son algunas de las seis entidades que deben abandonar el cargadero y afirma que algunos de los responsables de estas asociaciones, cuando conocieron los hechos “se fueron avergonzados porque no conocían las dimensiones de lo que ocurría con estos locales”.
El desconocimiento de Acedo del funcionamiento de Promesa
En cuanto a las críticas de Acedo sobre la tardanza en organizar las ayudas que concede Promesa, afirma que ya se viene haciendo lo que propone la senadora, como es ir estudiando y resolviendo las solicitudes de subvención de las pymes y los autónomos a medida que se va recibiendo, por lo que entiende que Sofía Acedo “o no se entera o sus compañeros le ponen la zancadilla”. También le sorprende que la parlamentaria “no sepa cómo funciona PROMESA cuando ella ha sido presidenta” de la sociedad.
“Lo que le escuece al PP es que este gobierno ha obtenido una financiación extraordinaria de más de 42 millones de euros, dinero que gastamos en Melilla y los melillenses y le recuerdo el mantra vergonzoso del Gobierno del PP que se jactaban de que sobraba dinero cada año en las cuentas públicas cuando había gente pasando necesidad”, afirmó.
La peña taurina no tenía ni contrato de arrendamiento
En cuanto a lo que ha ocurrido con la Peña Taurina y su salida de la plaza de toros, es algo que a Sofía Acedo “le va a sonrojar” y es que, si en el caso del cargadero las asociaciones que lo ocupaban tenían “un contrato entre la Autoridad Portuaria y la Ciudad, esto no se da en la plaza de toros”.
Afirma que la peña no era una asociación, sino “un bar que explotaba económicamente un señor al que se le pide el documento que acredite el por qué está ahí y enseña una foto con Imbroda y dice que ese es su contrato”. Indica Almansorui que el desencadenante de esta situación es un informe del área d establecimientos que expone que este local “está creando un problema de seguridad porque está invadiendo las salidas de emergencia de la plaza, y no sólo hacía uso del local, sino que se extendió hacia el interior creando un almacén con congeladores, y todo ello con cargo a las arcas públicas, porque no pagaba ni luz, ni agua, ni alquiler”.
A pesar de toda esta situación, indica que el consejero de Medio Ambiente se puso en contacto con el responsable de la entidad al que explicó el nuevo proyecto que se va a realizar en la plaza de toros para construir una serie de locales en la zona exterior y “se le ofreció que, una vez acaben los trabajos, pueda acceder a uno de los espacios, pero con toda la documentación en regla y cumpliendo con las exigencias que marca la ley”.
Insiste la consejera en apunta que este local “no era una sede social, sino un bar que se explotaba y alguien se estaba lucrando, y habría que preguntar al resto de los hosteleros de Melilla si no querrían estar todos en esta misma situación, de no pagar luz, agua o alquiler y que todo fueran beneficios”.
De hecho, detalló que el coste anual en el mantenimiento de estos locales la Ciudad destinaba al año unos 140.000 euros que, sumando el coste de luz, agua y terrazas, se elevaría a unos 150.000 euros y señaló que está evaluando el alcance de esta cuestión por si fuese necesario pedir responsabilidades jurídicas.
“Hay que pensar las cosas antes de habla y Sofía Acedo debería saber que era un local que no cumplía con ninguna exigencia legal, con un grave problema de seguridad e incluso en este tema, al pagarles la luz, el agua y el alquiler, se podría hablar de desvío de fondos públicos, así que, por favor, no meta usted más la pata”.
